¿De las víctimas o de las FARC?
Por: Manuel Raad Berrío*
Producto del acuerdo con las FARC*, el proyecto de Reforma constitucional que crea o creó 16 nuevas circunscripciones electorales para elegir 16 representantes adicionales a la cámara, no es un asunto menor, éstas curules representan casi el 10% del total de curules (182 sumando las 16) y en un país tan polarizado, su peso puede ser decisivo en las próximas legislaturas.
Iniciemos por lo básico, una circunscripción electoral es simplemente la delimitación de un territorio para que los pobladores que lo habitan elijan determinadas autoridades, en Colombia como regla general tenemos circunscripción Nacional para elegir Senadores y Presidente; circunscripción departamental para elegir Gobernador, Diputados y Representantes a la Cámara; circunscripción municipal para elegir Alcalde y Concejales, y así también las localidades elijen ediles. Hasta aquí todo sencillo, pero se va complicando.
Resulta que esta distribución territorial regida por las mayorías tiende a impedir que las minorías tengan representación en el Congreso, y así, en Colombia tenemos varias circunscripciones especiales para asegurar la representación de ciertos grupos: la circunscripción indígena elije dos (2) senadores y un (1) representante a la cámara, las comunidades afrocolombianas eligen dos (2) representantes a la Cámara, los colombianos en el exterior eligen un (1) representante, y San Andrés y Providencia elige un (1) representante adicional por la comunidad raizal. Sólo 5 representantes de los 166 actuales y sólo 2 senadores de 102.
Las curules otorgadas a estas comunidades son un reconocimiento y una reivindicación histórica, cada una consecuente con realidades que nos han definido como nación y la ausencia de esas voces en el Congreso facilitó años de explotación y atropello. Ahora, también muy a lugar se han anunciado desde el Gobierno “curules para las víctimas del conflicto armado” y ¿quién en su sano juicio puede oponerse a eso? Si resulta, al igual que las otras circunscripciones especiales un acto de reivindicación, máxime si es un hecho probado que los victimarios (narcos, paracos, guerrillos y corruptos) han puesto en más de una ocasión un porcentaje mayor a las 16 curules que aquí se anuncian.
Pero para gran sorpresa, al leer el proyecto que el Gobierno radicó en el Congreso, encuentro que no hay ni una sola mención a las víctimas, sí, es cierto que los territorios que conforman las 16 circunscripciones especiales han sido golpeados por el conflicto armado. Sólo como referencia, la circunscripción 8, conformada por municipios de Bolívar y Sucre principalmente en la subregión de los montes de María… ¿Quién no recuerda las masacres del Salado y Macayepo? Pero hay que ser muy ingenuo para creer que sólo por votar en esos municipios o corregimientos los elegidos serán necesariamente las víctimas, y aparece entonces el grito de la oposición “¡esas curules son para las FARC!”. Ver mapa de las circunscripciones especiales hecho por la MOE.
Y es que el temor no resulta llano, 24 de las 25 zonas veredales, una especie de resguardos guerrilleros, coinciden con las circunscripciones especiales, y al quedar abierta la posibilidad que grupos significativos de ciudadanos postulen candidatos sin acreditar la calidad de víctima, puede abrirse la puerta a que los victimarios (de cualquier bando) se tomen el control de esas 16 curules, e imaginen el terror que inspira la sola idea que “Timochenko” y su combo pudieran apalancar mayorías en el Congreso sumando las 5 curules en cámara y 5 en senado que el acuerdo les ha garantizado*.
Afortunadamente el debate no pasó agachado, y varios parlamentarios quisieron verdaderamente reivindicar a las víctimas, pero el texto final de la reforma constitucional está muy lejos de ser una garantía para lograr ese fin. Y a pesar de establecerse algunas restricciones siguen abiertas las puertas para que actores distintos a las víctimas puedan disputarse las curules. Aquí, desde la pluralidad incluida en el concepto de víctima, creemos que una clave para avanzar está necesariamente en las calidades requeridas para ser candidato, pues si no se requiere ser víctima, la esperada reivindicación por participación política será un chiste, o peor aún, un engaño.
En este sentido, el Registro Único de Víctimas creado por la ley 1448 es un avance, si agregásemos a la reforma, por ejemplo, que sólo puedan ser candidatos aquellas víctimas registradas por lo menos con un (1) año de antelación a las elecciones, esto para descremar oportunistas, o que sólo puedan ser candidatos aquellos que hayan sido miembros de las mesas de víctimas, emulando lo que se exige constitucionalmente a los indígenas, quienes para postularse deben haber ejercido un cargo de “autoridad tradicional”.
Así comenzaría a soltarse el nudo, pero estas 16 circunscripciones, tienen algo que no podemos pasar por alto, y es que nos resulta innegable que la violencia en Colombia, por las olas de desplazamiento, ha dado lugar a migraciones tan grandes que ha cambiado la concentración demográfica del país, y es evidente que muchas de las víctimas se encuentran regadas en el territorio nacional y fuera de las circunscripciones especiales. ¿Será que después de tantos años de conflicto este proyecto pretende estimular el retorno de todas las víctimas a sus territorios? Ese nexo no lo veo claramente, y en esta reflexión nos parece más coherente una circunscripción nacional especial, como las de negritudes e indígenas, y no estas circunscripciones armadas desconociendo la realidad de la diáspora.
Sin embargo, de entenderse aprobado el Acto Legislativo, el reto parece estar planteado para que la sociedad civil en conciencia y franca competencia busque abrir campo a nuevos liderazgos, y sólo el tiempo nos dirá si esto fue posible. Pues nos parece claro hasta aquí, con los vicios electorales y la ausencia de Estado en esos territorios, que estas curules probablemente no serán para las víctimas y, ¿quién sabe si serán para las FARC o para algún gamonal?
PD: El día miercoles 06 en la noche el Presidente del Senado confirmó la decisión de archivar el proyecto, el Presidente Santos respondió que demandará la decisión ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo cual puede tardar tanto que se pasen las elecciones de marzo a Congreso. Así, se espera que el proyecto vuelva a radicarse en la próxima legislatura o convocando sesiones extraordinarias… y el debate continúa.
*Educador, Abogado y Urbanísta
* Ver Acuerdo Final para la terminación del Conflicto punto 2.3.6 página 54.
* Ver Ibid. Punto 3.2.1.2 página 70.
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