Acuerdo de paz, un reto que ha desbordado al gobierno?
Bogotá, 3 mar (EFE).- La implementación del acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC está poniendo a prueba la solidez del proceso que al salir del papel ha desnudado el descomunal reto al que se enfrenta el país en los próximos meses.
Pasada la euforia por la firma del acuerdo, la implementación se ha revelado «compleja y delicada» en palabras del propio presidente colombiano, Juan Manuel Santos, una realidad que se constata en las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) donde están reunidos cerca de 7.000 guerrilleros, y en los procedimientos legales para su desmovilización.
Para empezar, la construcción de las 26 zonas veredales, que debería estar terminada en diciembre, se atrasó por diferentes motivos, principalmente de logística, y aún hoy no están concluidas en su totalidad.
Aún así, las FARC completaron el pasado 19 de febrero su traslado a esos lugares donde se prepararán para dejar las armas y desmovilizarse, un movimiento calificado por Santos de «histórico» por las poderosas imágenes de centenares de guerrilleros armados a bordo de lanchas, autobuses y camiones en los lugares más remotos de Colombia para cumplir su parte.
También comenzaron esta semana en esos lugares el proceso de «registro e identificación» de las armas que dejarán en manos de la ONU, un paso fundamental para su tránsito a la vida en sociedad y para la consolidación de la paz.
Sin embargo, la precariedad de las instalaciones ha dado pie a recriminaciones de las FARC al Gobierno, la más reciente hecha ayer por el máximo jefe de esa guerrilla, Rodrigo Londoño, quien en un mensaje de Twitter «invitó» al presidente «y a su comitiva a una visita más» a la zona veredal de Las Carmelitas, en Puerto Asís, departamento del Putumayo, donde el mandatario estuvo hace menos de dos semanas.
«Pero que no se olviden de sus botas», agregó Londoño en su mensaje, que acompaña con dos fotografías de los guerrilleros allí reunidos en medio un lodazal.
Con todo, los problemas logísticos de las ZVTN parecen menores frente a otros más delicados que tendrá que resolver el Gobierno en cuestión de semanas para evitar que se ponga el riesgo el proceso que tanto esfuerzo ha costado.
Según ha trascendido, los guerrilleros rasos están preocupados con la demora en el cumplimiento de otros asuntos acordados, como su seguridad física, jurídica y socio-económica una vez dejen las armas, aspectos prioritarios que sin embargo parecen trabados en la burocracia estatal.
La pregunta que muchos se hacen en el país es qué va a pasar a comienzos de junio, una vez concluya el periodo de 180 días que ya está corriendo y durante los cuales las FARC dejarán las armas para luego reincorporarse a la vida en sociedad.
Si el ingreso de los guerrilleros a las ZVTN fue una tarea titánica que se retrasó más de dos meses con respecto a las fechas inicialmente establecidas, su desmovilización será más compleja si se tiene en cuenta que una vez concluya esta fase habrá que buscarle un destino a cada uno de esos 7.000 hombres, así como a los cerca de 5.000 presos que en algún momento serán trasladados a las zonas veredales.
Hasta ahora no se conoce un plan concreto para reincorporar a los desmovilizados a la vida en sociedad con alternativas de vida que los mantengan alejados de tentaciones como la de enrolarse en otros grupos armados ilegales que subsisten en el país o en el narcotráfico y que les dé la convicción de que dejar las armas fue la mejor decisión.
A esa garantía socio-económica hay que sumar la preocupación de algunos guerrilleros por la demora en la liberación de los presos y en la aplicación de la Ley de Amnistía ya aprobada por el Congreso, que les garantizará que no serán detenidos una vez dejen las armas y se desmovilicen.
Y en cuanto a la seguridad física, está el fantasma del genocidio de la Unión Patriótica, partido de izquierdas que nació en 1985 de otra negociación de paz con las FARC y que prácticamente fue exterminado mediante el asesinato sistemático de unos 4.000 de sus militantes.
Ese temor es alimentado por una ola de asesinatos de líderes sociales en los últimos meses en el país, pese a las promesas del Gobierno de que esos crímenes serán esclarecidos y no quedarán en la impunidad.
A estas preocupaciones se suma el temor expresado en una carta a Santos por un grupo de 28 generales en retiro, entre ellos Jorge Enrique Mora, que hizo parte del equipo negociador del Gobierno con las FARC, de que la implementación del acuerdo de paz ponga en peligro la seguridad nacional.
Estas situaciones ponen al Gobierno en una delicada maniobra de equilibrio para atender la letra del acuerdo con las FARC y al mismo tiempo responder a los temores de una sociedad que en buena parte es escéptica con la paz pese a que son innegables sus beneficios, algo que se refleja, por ejemplo, en el fin de la violencia de esa guerrilla que durante décadas ensangrentó al país.
