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Procuraduría formula cargos contra exalcalde de Cartagena Dionisio Vélez


Este viernes 27 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación emitió cargos al exalcalde de Cartagena , Dionisio Vélez; la exdirectora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Martha Rodríguez, y el supervisor del contrato de interventoría del DADIS, Javier Martínez, por presuntas irregularidades en el desarrollo del proyecto de infraestructura hospitalaria de la ciudad.

Según investigaciones, la Procuraduría señala que la alcaldía habría invertido $100.000 millones en el proyecto dirigido a la construcción de 39 centros y puestos de salud adscritos a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, para beneficiar a más de 470.000 habitantes, obras que hoy se encuentran suspendidas y en situación de abandono, lo que afecta la accesibilidad y óptima prestación del servicio esencial de salud en la ciudad.

El ministerio público calificó en el pliego como grave, a título de culpa tras la presunta omisión en la vigilancia y control del proyecto de construcción y adecuación de la Red Hospitalaria de Cartagena, afectando la prestación del servicio público de salud a un sector vulnerable de la ciudad.

Exdirectora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Martha Rodríguez.

La entidad le formuló tres cargos, calificadas como gravísimas a título de culpa gravísima y dolo, por presuntamente no contar con estudios y diseños previos completos, licencias urbanísticas y concepto técnico del Ministerio de Salud y Protección Social. Igualmente, se le reprochó el que supuestamente no hubiera tomado decisiones correctivas, una vez se evidenciaron las fallas en la construcción.

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Supervisor del contrato de interventoría del DADIS, Javier Martínez.

Así mismo a Martínez le fueron imputados dos cargos, calificadas como gravísimas y grave, cometidas al parecer a título de culpa gravísima.

El primero por que no habría presentado informes de seguimiento a las obras, en los que debió advertir las presuntas fallas e incumplimientos alertados por la supervisión y el segundo cargo, se le reprochó una presunta extralimitación de funciones al suscribir documentos del proceso contractual, sin que estuviera supuestamente facultado para ello.


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