Procuraduría anuncia investigación contra superintendente delegado y secretaria general de la SIC
Por presuntas irregularidades en la celebración de un convenio, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra José Luis Londoño Fernández (foto), superintendente delegado para la Propiedad Industrial, y Ligia Rodríguez Hernández, secretaria general de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
El organismo indaga el denominado ‘Convenio Especial de Cooperación para el fomento de la ciencia y tecnología’, de fecha 3 de agosto de 2011, entre la SIC y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (Acac).
“El objeto contractual cuestionado tenía como fin aunar recursos científicos, técnicos, administrativos, organizacionales y financieros entre las partes para llevar a cabo actividades» que permitieran «la participación de la Superintendencia” en la versión de ese año de Expociencia – Expotecnolgía, informó la Procuraduría en un comunicado.
Para celebrar el convenio, según la Procuraduría, se escogió la modalidad de contratación directa “invocando que las obligaciones estipuladas comprendían actividades de ciencia y tecnología”.
La investigación disciplinaria determinó, sin embargo, que lo realmente contratado al parecer fue solo la logística para garantizar la participación de la SIC en Expociencia 2011, al igual que la entrega del Premio Nacional del Interventor.
“Acciones administrativas y operativas diferentes a las actividades científicas y de transferencia tecnológica a las que se hizo alusión en el momento de la suscripción del convenio, y por la cual se decidió adelantar una contratación directa”, indicó.
El Ministerio Público considera que Rodríguez habría incurrido en falta disciplinaria al suscribir el convenio, evadiendo presuntamente principios de transparencia y responsabilidad.
Y que el superintendente Londoño incurrió en una posible responsabilidad disciplinaria en la elaboración de los estudios previos del convenio suscrito entre la SIC y la Acac, debido a que el diseño y análisis “no se ajustaron a los propósitos y actividades previstos para los convenios de ciencia y tecnología señalados por la ley”.
Las pesquisas concluyeron que la adjudicación del convenio requería un contrato de prestación de servicios y un trámite legal diferente, no una contratación directa.
