Magistrados en el exilio piden que Corte Penal Interamericana juzgue a Maduro
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) en el exilio pidió hoy a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue una denuncia por «violaciones sistemáticas» de los derechos humanos que involucra al presidente Nicolás Maduro, ministros, políticos chavistas y generales.
Rodeado de varios de los magistrados del TSJ «legítimo», incluido su presidente, Miguel Ángel Martín, el presidente de la Sala de Casación Penal, Pedro Troconis, leyó en una conferencia de prensa en Miami la decisión de ese órgano sobre una denuncia interpuesta por el exministro chavista Hebert García Plaza.
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Los hechos denunciados en algunos casos «se corresponden con crímenes de lesa humanidad», señala la ponencia.
La Sala de Casación Penal, formada, como el resto de las salas del TSJ en el exilio, por magistrados elegidos por la Asamblea Nacional de mayoría opositora surgida de las elecciones de 2015, decidió remitir la denuncia de García Plaza a la Fiscalía de la CPI dado que los fiscales del Estado venezolano están «subordinados» al ejecutivo que encabeza Maduro, indicó Troconis.
Según explicó luego, concretamente lo que se le pide a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es que inicie «de oficio» una «investigación seria», ya que eso no es posible en Venezuela.
La sala de Casación Penal también decidió pedir al Consejo de Seguridad de la ONU, como «uno de los órganos que tiene legitimidad para plantear denuncias ante la CPI», que de seguimiento a la investigación que pueda hacer la Fiscalía del tribunal internacional, agregó.
Asimismo se pide al Consejo de Seguridad que considere reclamar a Interpol, la policía internacional, que emita «algún tipo de medidas o alertas» en relación con los involucrados en los hechos denunciados, que suman más de medio centenar.
«Maduro y los que lo siguen» se creían «protegidos» porque tienen «secuestrado» al poder judicial venezolano, pero se olvidaron de que Venezuela es parte desde el año 2000 del Estatuto de Roma y aceptó someterse a la jurisdicción de la CPI en delitos relativos a los derechos humanos, dijo Troconis.
«Pensaban que contaban con impunidad ante la justicia de Venezuela, pero no existe la impunidad a nivel internacional», como demuestran las condenas y enjuiciamientos de presidentes de estados parte de la CPI que ya ha habido, agregó.
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Entre las personas denunciadas están, además de Maduro, «la mayoría del generalato» de Venezuela, incluido Vladimir Padrino, general jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, miembros del Gobierno como el vicepresidente, Tarek El Aissimi, y el ministro del Interior, Andrés Reverol López, y líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como Diosdado Cabello.
El director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez Ampueda, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, y el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Gustavo Enrique González López, están en la lista.
Desde octubre pasado los jueces del TSJ elegidos y juramentados por la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento, de mayoría opositora) en julio pasado celebran sesiones en Washington en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según Antonio Marval, vicepresidente del TSJ «legítimo», como a su juicio debe denominarse, este alto tribunal consta de 33 magistrados, de los cuales 30 están exiliados.
Hoy «asistieron» a la conferencia de prensa en Miami vía internet una magistrada radicada en Chile y otro en Panamá.
Los jueces del alto tribunal que fueron nombrados por el régimen de Maduro «ilegalmente» cuando tras las elecciones legislativas de diciembre de 2015 el chavismo perdió el control del Parlamento no están dotados de «investidura», según Marval.
Esos jueces fueron destituidos por la Asamblea Nacional derivada de esas elecciones, la cual nombró a los que actualmente están ejerciendo como tales desde el exilio, pero la Asamblea Nacional Constituyente los ratificó después en sus puestos.
Sin embargo, dijo Malvar, esa ratificación es ilegítima, como lo es la propia Asamblea Nacional Constituyente, pues fue constituida sin que el pueblo la convocara como manda la Constitución venezolana.
EFE
