Maduro arrincona a la fiscal Luisa Ortega
La guerra abierta por el madurismo contra la fiscal rebelde vivió hoy un nuevo capítulo que acerca a Luisa Ortega varios pasos más hacia su destitución irreversible. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) impuso a una vicefiscal a su medida, llamada a hacerse cargo de la Fiscalía, y dio inicio a su antejuicio de mérito con el objetivo de adelantar la caída de la jefa del Ministerio Público.
«No voy a participar en un circo cuya resolución ya está cantada… Pero yo seguiré en la lucha y vamos a triunfar», se defendió la fiscal general de la República desde su sede, cercana al Supremo y también al Palacio de Miraflores. La cuenta atrás, según el presidente del alto tribunal, se prolongará durante cinco días.
Y todo ello con unos magistrados impugnados por la fiscal, que no deberían ser parte del juicio porque la Fiscalía los acusó previamente de haber sido nombrados tras un proceso ilegal e inconstitucional. Sólo uno de los jueces, Danilo Mojica, que ya había mostrado sus discrepancias, se atrevió a llevar de nuevo la contraria a sus compañeros y se negó a participar en un procedimiento que es «para delitos y no para calificación de faltas».
Poco importan las leyes y la justicia en la Venezuela de hoy. La destitución de la fiscal se ha convertido en el principal objetivo de la revolución, empeñada en arrebatarla ilegalmente este poder público. Ortega, incluso, se atrevió a insistir el lunes en el famoso caso de los primos Flores, los sobrinos de Cilia Flores, mujer de Nicolás Maduro, condenados por narcotráfico en Estados Unidos.
Narcosobrinos y Odebrecht
Hoy ha ido más allá al repetir públicamente, con sarcasmo, dos palabras tabú para el madurismo: narcosobrinos y Odebrecht. Ambos escándalos están relacionados con el círculo más próximo del primer mandatario, ya que su hijo, Nicolás Maduro Guerra, también participó en la supuesta fiscalización de las obras inacabadas por la empresa brasileña. Tanto Cilia Flores como su hijo son candidatos en los comicios indirectos para elegir a los delegados del proceso constituyente, que se celebran el 30 de este mes y con el que el primer mandatario está convencido de que se atornillará en el poder.
«No he cometido delitos ni faltas y no me voy a someter a ese tribunal inconstitucional e ilegítimo. Si el TSJ decide removerme de mi cargo tendré el deber de colaborar con el restablecimiento de la democracia», adelantó Ortega, cada hora que pasa más desafiante ante los abusos revolucionarios.
«Esto es un golpe de estado más grotesco que el de Carmona [político que dio un golpe de Estado contra el entonces presidente venezolano]», subrayó la fiscal, recordando la intentona contra Hugo Chávez de 2002 y golpeando de paso la línea de flotación del chavismo. Una guerra del poder revolucionario contra su hija pródiga en la que todo vale, incluidas las amenazas de cárcel que el Supremo y el Gobierno de Maduro ha dirigido a Luisa Ortega, según desvelado hoy su marido, el diputado chavista Germán Ferrer.
Una fiscal obediente
La fiscal pulverizó una por una todas las acusaciones desplegadas por el diputado Pedro Carreño, mano derecha del radical Diosdado Cabello, ambos de pasado militar. Ortega aportó incluso un párrafo de la acusación en donde se incluye parte de una sentencia que el Supremo publicó una semana más tarde. «¿Cómo se explica que el diputado tenía conocimiento de la futura sentencia? Será pitoniso, puede ver el futuro», ironizó la fiscal, que calificó la audiencia como una encerrona y una solicitud amañada basada en «disparates».
Nicolás Maduro se unió más tarde a las diatribas contra la fiscal, que incluyeron peticiones para usar la máquina de la verdad contra ella, careos y hasta cofres para guardar informes secretos. «Frente a traidores y traidoras, demostrarles que no podrán con nuestro pueblo, así salgan mil traidores. Nosotros somos la lealtad y el amor», clamó el primer mandatario en una reunión con gobernadores y alcaldes en el Palacio de Miraflores.
El ‘hijo de Chávez’ cuenta desde hoy con una vicefiscal obediente, Katherine Hurrington. En la nueva vicefiscal de facto, impuesta por el TSJ usurpando las funciones de la fiscal y los poderes de la Asamblea, convergen varios de los males de la justicia chavista: Harrington fue la acusadora pública contra Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas que todavía permanece en arresto domiciliario; también participó en las acusaciones contra la ex diputada María Corina Machado y otros dirigentes, incluso en el juicio contra Leopoldo López.
Actualmente ejercía como asesora del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), cuyas operaciones y allanamientos se realizan sin cumplir con la legislación y que además se niega a liberar a los presos políticos que mantiene a sus calabozos en Caracas, pese a que cuentan con las cartas de libertad decretadas por los jueces. Hurrington, quien también ejerció de viceministra de Interior, está sancionada por Estados Unidos, que le congeló sus bienes y le prohibió la entrada al país, por «perseguir penalmente a los disidentes con pruebas fraudulentas». Ortega ya ha anunciado que no reconoce este nombramiento.
