Las protestas indígenas muestran que el conflicto social pervive en el país
Los conflictos sociales en la Colombia rural perviven y la mejor muestra de ellos es la protesta a la que se han sumado cerca de 100.000 indígenas que piden al Gobierno que cumpla acuerdos firmados en años anteriores.
Gracias a ese alto número y a la coordinación que realizan las comunidades a nivel nacional y regional han conseguido que su protesta tenga un gran impacto en Colombia y que sus reivindicaciones estén en la agenda política.
Para hacerlo, cortan las vías más importantes del país y despiertan el fantasma del pasado que constituye el Paro Nacional Agrario de 2013.
Entonces, miles de campesinos en todas las regiones consiguieron paralizar el país y forzar al Gobierno a negociar.
Hoy, los indígenas paralizan carreteras clave para el país como la Vía Panamericana a su paso por el departamento del Cauca (suroeste), la región donde las comunidades ancestrales son más poderosas.
También el pueblo Zenú ha cortado la Troncal del Caribe, una ruta esencial para esa región de Colombia y elemental para sacar productos por los puertos atlánticos.
Otra carretera fundamental, la Troncal del Magdalena Medio, se ha visto afectada por manifestaciones de campesinos de la convulsa región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, que han bloqueado la vía en inmediaciones de la localidad de Aguachica, en el departamento del Cesar, paso obligado para ir del interior a la costa Atlántica.
En la zona del Catatumbo la Policía debe acompañar a los transportistas que, si no esperan a los agentes, se arriesgan a que les pinchen las ruedas, les derramen la gasolina o incluso quemen sus vehículos.
Sus reivindicaciones no son nuevas, pero resumen buena parte de la problemática que se vive en el campo de Colombia, donde el mismo transporte es casi una quimera en algunas zonas como el Chocó (oeste), donde también se ha reproducido la protesta.
Entre los «más de 1.300 acuerdos incumplidos» que denuncian los indígenas está el propio acceso a la tierra que los pueblos ancestrales remontan a la época de la Colonia.
También denuncian que el Gobierno ha incumplido el acuerdo de paz en lo tocante a las minorías étnicas. Esa supuesta falta de compromiso oficial también es un reclamo de otros sectores, comenzando por los ya exguerrilleros de las FARC.
Otro elemento fundamental es el de la seguridad. En una Colombia que vive un incremento de la violencia rural en forma del asesinato de líderes sociales y campesinos, los indígenas que habitan en los campos no son ajenos a esos homicidios.
El último caso fue el del líder indígena Aulio Isarama Forastero que fue asesinado el pasado 24 de octubre por la guerrilla del ELN, que actualmente se encuentra en un cese el fuego y de hostilidades temporal con el Gobierno con quien está en negociaciones de paz.
Con el homicidio no concluyó la violencia perpetrada por ese grupo armado contra las comunidades aborígenes pues unos 300 de ellos tuvieron que abandonar sus hogares ante el temor de sufrir el mismo final que Isarama.
Precisamente esas comunidades residen en el Chocó, una de las zonas de Colombia donde la paz es todavía un sueño lejano.
También en algunos de sus territorios viven lo que consideran otra amenaza, la de la minería.
La explotación de yacimientos, que ya ha sido rechazada en varios municipios de diferentes regiones de Colombia en consultas previas, supone un duro golpe para la cosmovisión indígena y han solicitado en numerosas ocasiones que termine en sus territorios.
La protesta de las comunidades indígenas también ha desvelado otro de los problemas que vive Colombia, el de la falta de presencia institucional en las zonas más rurales de las cuales las FARC se han retirado y el Estado no ha conseguido ocupar buena parte de esos espacios.
Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz, parte de las regiones que controlaban las FARC en el sur del país pasaron a manos de disidencias de esa guerrilla y otros grupos ilegales armados.
El informe revela que las disidencias que, según distintas fuentes tienen entre 400 y 800 miembros, ocupan amplios territorios muy vinculados a los cultivos ilícitos en los departamentos de Cauca, Nariño, Guaviare, Vaupés y Guainía, donde habita buena parte de las comunidades indígenas del país, y en el sur del Meta, que fue un bastión de esa guerrilla.
Todos esos son problemas que el Gobierno debe abordar con celeridad para frenar la protesta, pero también para mejorar la situación del campo, el gran abandonado de Colombia.
EFE
