Expresidentes de la Corte Suprema, investigados por corrupción
La Corte Suprema de Justicia de Colombia pidió hoy a una comisión de la Cámara de Representantes investigar a dos expresidentes del alto tribunal presuntamente involucrados en un escándalo de corrupción.
Los investigados son los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte, quienes supuestamente cobraron sobornos por ayudas en procesos relacionados con congresistas, dijo el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández, luego de recibir pruebas enviadas por la Fiscalía.
«La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en atención a la gravedad que revisten estos hechos le pide respetuosamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que obre con prontitud, diligencia y absoluto rigor», afirmó Fernández.
También, tras solicitud de la Fiscalía, se pidió investigar a los senadores Hernán Andrade, del Partido Conservador, y Musa Besaile, del oficialista Partido de la U, al igual que al excongresista Luis Alfredo Ramos por los mismos hechos.
«De la investigación penal en contra de los congresistas vinculados a los actos de corrupción atribuidos a los exmagistrados (…) se ocupará inmediatamente una sala de instrucción de la sala de casación penal», añadió el presidente de la alta corte.
En una declaración paralela, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que la investigación se realizó con la cooperación de Estados Unidos, cuyas autoridades le facilitaron «comunicaciones electrónicas y conversaciones» entre el exgobernador del departamento de Córdoba (norte) Alejandro Lyons con el ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Luis Pinilla».
Moreno, que actualmente está preso, es acusado de exigir gruesas sumas de dinero a Lyons, a cambio de actuaciones del director de la unidad anticorrupción en los casos que el exgobernante regional enfrenta.
Lyons es investigado por la Fiscalía porque durante su gestión como gobernador de Córdoba (2012-2015) habría sido pieza clave en el despilfarro de las regalías giradas por el Gobierno a ese departamento.
El fiscal Martínez aseguró que en las grabaciones se escuchan «solicitudes de sumas de dinero o pagos que se habrían hecho con intervención o conocimiento de los referidos abogados (Moreno y Pinilla), en el ejercicio de su profesión, con anterioridad en el año 2017».
En ese sentido, señaló que en las comunicaciones interceptadas fueron nombrados Andrade, Besaile, Ramos, Bustos y Ricaurte.
Martínez dijo igualmente que el próximo jueves se reunirá en Puebla con el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Kenneth Blanco, «donde evaluarán esfuerzos bilaterales de cooperación judicial, particularmente en la lucha contra la corrupción». EFE
