El exdirectivo de Triple A detenido en España y un apartamento que compró en Barranquilla por $284 millones
Por Germán Corcho Tróchez
Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de la junta directiva de Triple A detenido en España, compró hace seis años un apartamento en el norte de Barranquilla por $284 millones.
ElPlaneta.co estableció cuál es este inmueble que aparece mencionado en el expediente de la Operación Lezo, como se denomina la investigación por la que Rodríguez (foto, en el centro) y otras 13 personas fueron capturadas en abril pasado por la Guardia Civil española.
Un fiscal anticorrupción les investiga por cargos de malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, fraude a la administración, prevaricación y cohecho. Se trata de una presunta trama de corrupción con negociaciones irregulares en Latinoamérica.
En Colombia, el escándalo revivió este jueves luego de que medios españoles informaron que el presidente de Isabel II, Ángel Garrido, anunció que la compañía venderá todas las acciones que posee por fuera de España.
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“Va a ser una empresa cien por cien pública, cuya actividad se va a circunscribir exclusivamente al territorio nacional”, dijo Garrido en una intervención ante la Asamblea de Madrid.
Vea y escuche parte de la intervención de Garrido:
Medidas Canal Isabel II
✅Venta de todas las empresas de Latinoamérica
✅Cambio en la Ley para blindar el carácter público 100% de la empresa pic.twitter.com/UNB8iU1Aio— Ángel Garrido (@angelgarridog) May 11, 2017
A través de Inassa, Canal de Isabel II tiene participación en Triple A de Barranquilla (82,6%), Metroagua de Santa Marta (35%) y Asaa de Riohacha (40%).
El fiscal del caso considera, según las evidencias, que el Canal hizo en Latinoamérica operaciones “hipervaloradas ficticiamente” en el periodo en que Ignacio González González (detenido) fue presidente (2003-2012).
En otras palabras, sospechan que directivas de la empresa pública de Madrid pagaron precios inflados por acciones en compañías como Inassa, con sede en Barranquilla, y luego desviaron parte de los recursos.
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“Ciudad a la que acudía con frecuencia”
La otra posibilidad que contemplan los investigadores es que también se hayan usado dineros públicos de Isabel II para beneficios personales. Por ejemplo: la compra de propiedades en el exterior.
La documentación obtenida por ElPlaneta.co demuestra que Rodríguez adquirió el apartamento un año antes de que González dejara la presidencia de Canal, y que en 2014 lo vendió por menos a su hija Patricia Ana Rodríguez Revuelta.
La abogada hace parte del listado de 57 personas contra quienes se siguen pesquisas por la presunta comisión de delitos. En ese grupo están los 13 detenidos.
En una parte del expediente, suministrada a este medio por periodistas del portal El Español, se explica que “Patricia Rodríguez declaró una vivienda en Barranquilla (Colombia) –ciudad a la que Edmundo Rodríguez acudía con frecuencia por su actividad profesional en Inassa– (…)”.
“También respecto a inversiones inmobiliarias de Edmundo Rodríguez en Colombia, ha quedado patente que (…) habría llevado a cabo otra en el año 2011”, se agrega.
Rodríguez Sobrino adquirió en marzo de 2011 el apartamento 1803 del Edificio Alto Prado, ubicado en la calle 76 #56-43. Allí mismo funciona el Hotel Estelar Barranquilla.
Una fuente explicó que el edificio “es una copropiedad”: Estelar opera del piso 1 al 14 y del piso 15 al 21 hay 55 apartamentos, de los cuales la firma se encarga de unos 28. Los demás son manejados por sus dueños, entre los que se cuentan los Rodríguez y su 1803.
La escritura pública 0568 de la Notaría 3ra. de Barranquilla indica que el español pagó $284 millones 163 mil por el apartamento 1803, un confortable lugar de 86,40 metros cuadrados de área construida.
La negociación incluyó un parqueadero y un cuarto útil. Se llevó a cabo el 12 de marzo, por medio de una “transferencia de dominio a título de beneficio” con la Fiduciaria Bancolombia S.A., vocera y administradora del patrimonio autónomo denominado Fideicomiso Hotel Estelar Barranquilla (o Edificio Alto Prado).
Venta a su hija por $124 millones menos
La última transacción de la que fue objeto el apartamento 1803 –incluyendo el estacionamiento y el cuarto útil– data del 11 de febrero de 2014, como consta en los archivos de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla.
El certificado de tradición inmobiliaria refleja que ese día, ante la Notaría 5ta., se pactó una compraventa entre Edmundo Rodríguez y Patricia Ana Rodríguez Revuelta por valor de $160 millones. Es decir, $124 millones 163 mil menos.
La escritura fue protocolizada con las firmas de los apoderados nombrados por los Rodríguez: el abogado César Camacho Ortega, por Edmundo, y la economista Claudia Nates Gómez, por Patricia.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró hace dos semanas que las autoridades de España pidieron cooperación a Colombia para indagar si las movidas corporativas del Canal Isabel II en este país fueron legales o no.
Uno de los interrogantes por resolver debería ser: ¿cuál es la procedencia de los $284 millones que gastó Rodríguez para adquirir un inmueble en Barranquilla?
«Un favor personal»
César Camacho, director jurídico de Metroagua de Santa Marta, cargo que aún ocupa, manifestó por teléfono que «solo» fungió como apoderado de Rodríguez.
“Fue un favor personal y no vi ningún inconveniente; era una venta entre padre e hija, válida por el derecho colombiano, y simplemente lo que hice fue aparecer como apoderado porque él se encontraba en España”, dijo.
Respecto al valor inferior contestó que está dentro del rango, pero que no intervino “en los elementos” de la negociación. “Generalmente cuando se hacen negocios entre familiares, los pueden dejar por un valor inferior, pero no se observa irregularidad; está dentro del rango”.
Y sobre un posible conflicto de intereses, debido a su labor, Camacho negó que lo hubiera. “Metroagua es una empresa de servicios públicos privada. Yo tengo una relación laboral privada y el mandato que recibí fue a título gratuito. Yo no recibí ninguna remuneración, fue simplemente un favor como uno le hace a cualquier persona”.
“¿Conflicto de interés? No porque yo no lo representé a él judicialmente, sino simplemente para efectos de la compraventa y porque se encontraba en el exterior, no más. No no veo ningún tipo de irregularidad”, finalizó.
