Eurocámara pide que se elimine uso de glifosato en 2022
La Eurocámara instó este martes a la Comisión Europea y a los países del bloque a eliminar el glifosato antes del 15 de diciembre de 2022, un día antes de un crucial voto sobre la renovación de la licencia de este controvertido herbicida.
Los eurodiputados piden «a la Comisión que adopte las medidas necesarias para eliminar gradualmente la sustancia activa glifosato de la Unión Europea a más tardar para el 15 de diciembre de 2022″, reza la resolución aprobada por 355 votos a favor, 204 en contra y 111 abstenciones.
En su resolución no vinculante, la Eurocámara urge además a garantizar que «no se autorizará el uso de glifosato» después de mediados de diciembre de 2022, «lo cual incluye cualquier posible período de prórroga».
Esta resolución llega la víspera de que expertos de los 28 países del bloque se pronuncien, a instancias de la Comisión, sobre si renovar durante 10 años la licencia de este herbicida, uno de los más utilizados del mundo.
Para salir adelante, la decisión necesita al menos el visto bueno de 16 países representando como mínimo el 65% de la población total del bloque. Sin embargo, la mayoría por número de habitantes no está garantizada. Francia, Austria e Italia anunciaron públicamente que rechazarán una autorización durante un decenio
Los eurodiputados se hacen eco así de la presión de la opinión pública en Europa contra este herbicida. Más de 1,3 millones de personas pidieron su prohibición en una petición, que oenegés ecologistas presentaron el lunes a responsables de la Comisión Europea.
Bruselas «continúa anteponiendo los intereses a corto plazo de la empresas químicas a la salud de las personas y del medio ambiente», había señalado el director para Europa de Greenpeace, Jorgo Riss, tras reunirse con el comisario de Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, y el vicepresidente de la Comisión Frans Timmermans.
Los detractores de este herbicida continúan apoyándose en un estudio del Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que lo considera «probable cancerígeno».
La Comisión defiende en este sentido los informes de las autoridades europeas que descartan ese efecto «cancerígeno» y su independencia, ante las críticas de plegarse a los intereses de la industria agroquímica.
