Corte Constitucional de Guatemala suspende la orden del presidente Morales de expulsar del país a Iván Velásquez

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) suspendió este domingo la orden emitida por el presidente de ese país, Jimmy Morales, de expulsar al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el jurista colombiano Iván Velásquez.

La Cicig es un organismo adscrito a Naciones Unidas, que ha desmantelado una serie de tramas corruptas en el país, entre otras la denominada «La Línea», por la que permanecen en prisión preventiva el predecesor de Morales en la presidencia, Otto Pérez Molina, y la exvicepresidente Roxana Baldetti.

Razón por la que lo declaran: persona non grata

Velásquez fue declarado persona non grata por Morales, quien ordenó su salida inmediata del país, luego de que el comisionado de la Cicig y la fiscal general Thelma Aldana solicitaran el pasado viernes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le levante la inmunidad al mandatario para que sea investigado por el delito de financiación electoral ilícita.

Morales dio instrucciones a su ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, para que cumpla con el marco legal diplomático, a fin de que Iván Velásquez, quien lleva al frente de la Cicig desde 2013, «abandone inmediatamente el territorio de la República de Guatemala».

El presidente guatemalteco explicó que su decisión la adoptó basándose en la Constitución Política, la Convención de Viena y el acuerdo firmado en 2006 entre el Gobierno de Guatemala y la ONU para la creación de la Cicig, que se estableció en el país centroamericano en 2007.

Velásquez y la fiscal Aldana quieren que Morales sea investigado por haber recibido dinero que supuestamente no declaró al Tribunal Supremo Electoral (TSE), algo que el mandatario niega.

Financiación electoral

Morales ganó la primera vuelta electoral el 6 de septiembre de 2015 con 23,99% de los votos, tras una campaña electoral que costó US$165.000, según el informe que su partido FCN-Nación presentó al Tribunal Supremo Electoral.

Y fue ratificado como presidente en segunda vuelta, el 25 de octubre, con el apoyo del 65,48% de los votantes.

Sin embargo, según las investigaciones de la Fiscalía y de la Cicig, los dirigentes de la formación no reportaron los montos recibidos entre el 1 de enero de ese año y el 9 de enero de 2016.

Y de acuerdo a la denuncia de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, en las cuentas bancarias de FNC-Nación se detectaron «transacciones sospechosas» en octubre de 2015, reporta el medio local Plaza Pública.

Tanto Morales como su partido han negado los señalamientos en varias ocasiones.

Sea como sea, la Fiscalía y la Cicig solicitaron iniciar el proceso de antejuicio que retire la inmunidad al presidente, para poder investigar si incurrió o no en el delito de financiación electoral ilícita, que conllevaría una pena de entre cuatro y 12 años de prisión.

Es el Congreso de la República el que puede despojar de la inmunidad al mandatario, con los votos a favor de 106 diputados de los 158 que integran el Legislativo.

«Que se circunscriba al mandato»

Según escribe el periodista Carlos Arrazola en Plaza Pública, el malestar de Morales con Aldana y Velásquez data por lo menos de principios de 2017, y tuvo que ver con la persecución por defraudación contra su hijo José Manuel Morales y su hermano Samuel Morales, quienes guardaron prisión provisional.

Pero fue el pasado viernes, durante una entrevista con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en Nueva York, cuando Morales le solicitó que la Cicig «se circunscriba al mandato otorgado para su funcionamiento y al ordenamiento jurídico y constitucional», aunque no explicó a qué se refería exactamente con ello.

Pero al terminar la reunión, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala aclaró que el gobierno no pidió a Guterres la destitución del comisionado.

La Cicig fue creada para contribuir con Guatemala en la investigación y desarticulación de estructuras clandestinas de seguridad.

Desde abril de 2015 se han desmantelado una docena de grupos criminales, entre ellos el denominado «La Línea», dedicado a la defraudación aduanera que mantiene en prisión preventiva y procesado al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidente Roxana Baldetti, entre otros.

Mientras tanto, Velásquez…

Desde que el miércoles empezara a especularse con la posibilidad de que Morales fuera a pedir su expulsión, Velásquez ha ratificado su compromiso en la lucha contra la impunidad y la corrupción, y ha anunciado que no renunciará a su cargo a pesar de las presiones.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya le mostró su apoyo: «Reiteramos nuestro a apoyo al trabajo de la Cicig y del Ministerio Público bajo el liderazgo de Iván Velásquez y Thelma Aldana».

Asimismo, varios ciudadanos presentaron ante la Corte de Constitucionalidad dos acciones legales para evitar que el jefe de la Cicig sea expulsado. Y según el medio local Prensa Libre, el tribunal considerará la solicitud con urgencia.

Y el sábado por la tarde miles de guatemaltecos marcharon para exigir la renuncia del gobernante.

El momento político recuerda los meses entre diciembre de 2014 y abril de 2015, cuando el entonces presidente Otto Pérez Molina vacilaba en su discurso a la Cicig, que con cada investigación se acercaba más a la oficina presidencial, escribía el 23 de agosto Martín Rodríguez Pellecer en el medio digital guatemalteco Nómada.

Justo dos días antes de que el caso de «La Línea» se hiciera público, el 14 de abril de 2015 Pérez Molina declaró: «Algunos que me quieren presionar diciendo que el presidente tiene miedo que siga la Cicig porque lo va a investigar. La Cicig no viene aquí a investigar presidentes».

A los 10 días renovó el mandato de la Cicig, recuerda Rodríguez Pellecer. Y cuatro meses y medio después, la fiscal general pedía su orden de captura.

Agencias.