Consulta anticorrupción en Colombia se votará el próximo 26 de agosto
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, convocará para el próximo 26 de agosto la realización de una consulta anticorrupción en la que se preguntará a los ciudadanos sobre la implementación de siete «medidas efectivas» contra ese delito.
La consulta se hará 19 días después de que el jefe de Estado deje el poder al ganador de las elecciones de este domingo en las que Iván Duque, del Centro Democrático, y Gustavo Petro, del movimiento Colombiana Humana, disputan la Presidencia.
«Mañana firmaré el decreto que convoca la consulta anticorrupción para el próximo 26 de agosto», escribió Santos en Twitter.
El Senado de Colombia avaló la semana pasada con 84 votos a favor y ninguno en contra la celebración de la consulta anticorrupción.
Según la Ley 1757 de 2015, para que cada pregunta sea válida debe ser votada, al menos, por la tercera parte del censo electoral, es decir por más de 12 millones de ciudadanos. Si se logra este mínimo, se adoptará la decisión que tome la mitad más uno de los sufragantes.
El 26 de julio de 2017 los promotores de la consulta anticorrupción presentaron ante la autoridad electoral de Colombia más de 4,3 millones de firmas para continuar con el trámite de la iniciativa que busca castigar duramente la corrupción.
La consulta busca establecer un límite de máximo tres periodos para los cargos de elección popular y que los candidatos electos publiquen anualmente sus declaraciones de bienes, patrimonio, renta, impuestos y casos en los que tengan conflictos de interés.
Igualmente, pretende obligar a los congresistas a rendir periódicamente cuentas sobre su gestión y que el presupuesto de inversión de las alcaldías, gobernaciones y del Gobierno nacional se discuta en audiencias públicas con la ciudadanía.
También se busca que se terminen los contratos entre el Estado y las personas condenadas por «delitos contra la administración», que quienes sean culpables de corrupción tengan que pagar su pena en una cárcel sin reclusión especial y fijar un tope de 25 salarios mínimos en los sueldos de congresistas y altos funcionarios del Estado.
