Venezuela vive primera rebelión popular del siglo XXI: ONG Provea
Bogotá, 19 may (EFE).- El actual ciclo de protestas representa la «primera rebelión popular realizada en Venezuela durante el siglo XXI», señaló la ONG Provea, y advirtió que la situación de derechos humanos en ese país es de «mucha gravedad».
En un boletín presentado en Bogotá, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) destacó la «extensión cronológica» de las movilizaciones, iniciadas el 1 de abril y de forma ininterrumpida después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumiera funciones de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, medida que esa instancia revirtió luego.
«Las protestas han ocurrido en 24 estados del país», agregó el documento, según el cual hasta el pasado 7 de mayo se habían registrado 946 manifestaciones en el territorio venezolano, «un promedio de casi 26 protestas diarias», según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
Según Provea, «las protestas representan la resistencia ciudadana contra la dictadura instaurada en el país a partir de cuatro decisiones», como «sustituir el orden constitucional por un Decreto de Estado de Excepción» anunciado por el presidente, Nicolás Maduro, el pasado 16 de mayo.
La «suspensión indefinida del derecho de participación popular mediante el voto», la «derogación de las competencias de la Asamblea Nacional y violación de la inmunidad parlamentaria» y «políticas económicas que han generado el aumento de la pobreza y la exclusión sin posibilidad de garantizar derechos sociales», añadió Provea en su Boletín Internacional de Derechos Humanos.
Sobre el panorama de los derechos humanos en su país, el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, explicó a Efe que «es de mucha gravedad», debido al aumento de la pobreza y lo que consideró una «ausencia de democracia» al haberse suspendido «de manera definitiva» los procesos electorales.
«Es de mucha gravedad, de mucha preocupación y lamentablemente creemos que el Gobierno no quiere reconocer las dimensiones dramáticas y tampoco está abriendo posibilidades de solucionar esto por la vía institucional o la vía democrática», afirmó Uzcátegui, que consideró que la respuesta oficial «ha sido represiva».
También advirtió que se han registrado «violaciones al debido proceso» a raíz de «la detención de las personas que han participado en las movilizaciones».
A su juicio, «todos los mensajes que ha dado el Gobierno» hasta el momento es de aumentar la represión, y opinó que una «decisión que podría dar un cauce institucional» es «anunciar un cronograma electoral».
El activista dijo que hay «elecciones que están pendientes», ya que, aseguró, «no hay ninguna razón legal en Venezuela para que el Consejo Nacional Electoral haya suspendido de manera indefinida» los comicios de gobernadores previstas para diciembre.
«Antes, en otros procesos electorales, quizás se podía retrasar un día por problemas técnicos, pero no esta situación indefinida que ha generado toda esta situación de crisis», añadió.
De igual forma, cuestionó la propuesta de Maduro de una Asamblea Nacional Constituyente, que calificó como «fraudulenta» y argumentó que en su convocatoria se quiere «anular la posibilidad de que la gente pueda votar de manera universal».
«El Gobierno está falseando el objetivo de la Constituyente, el Gobierno dice que es para mejorar la Carta Magna de 1999, cuando una Constituyente tiene como objetivo redactar una nueva», alertó.
En todo caso, Uzcátegui descartó que Venezuela camine hacia una «guerra civil», que, en su opinión, supondría que «el Estado tiene el uso de las armas, pero del otro lado debería haber también una fuerza armada que se le oponga».
«Hasta ahora afortunadamente se ha mantenido el carácter mayoritariamente pacífico de las movilizaciones a pesar de que, como en toda América Latina, hay situaciones puntuales de violencia», agregó.
El abogado Marino Alvarado, también de Provea, explicó que durante su visita a Bogotá, adonde fueron invitados por la ONG Dejusticia, se reunirán con organizaciones de derechos humanos y venezolanos residentes en Colombia.
Alvarado resaltó la importancia de que mediante mecanismos internacionales, como la activación de la Carta Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), se puede contribuir a buscar una salida «pacífica y en el marco de la Constitución venezolana».
«En eso los países tienen que seguir y ojalá al final se imponga la racionalidad en el Gobierno venezolano y entienda que mientras que mantenga esa posición, va a seguir llevando sangre a las calles», puntualizó.
