El asesinato de periodistas y el futuro de Colombia
El asesinato del equipo de prensa del diario ecuatoriano El Comercio secuestrado el 26 de marzo en la frontera con Colombia arroja una fotografía terrible de lo que queda por combatir en la región. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, confirmó este lunes la identificación de los tres cuerpos hallados la semana pasada en el municipio de Tumaco, lo que supone un avance en la gestión de un caso marcado por informaciones apresuradas, tensiones entre los dos países, el dolor y la incertidumbre de los familiares de las víctimas. Los reporteros, encontrados en una fosa cercada por minas antipersona, serán repatriados el miércoles. Pero el expediente no está cerrado.
El redactor Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra murieron por contar qué ocurre en uno de los territorios más conflictivos de Colombia. “He empeñado la palabra del Estado y, por supuesto, de la Fiscalía General de la Nación para manifestarles a las familias que este horrendo crimen no va a quedar en la impunidad”, prometió el fiscal. El Gobierno de Juan Manuel Santos firmó, a finales de 2016, un acuerdo con las FARC que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado. La guerrilla más antigua de América se desmovilizó y entregó las armas. Se abrió el proceso de transición más profundo en la historia reciente del país andino. No obstante, la violencia no ha desaparecido y Tumaco, en la frontera con Ecuador, es una de esas zonas que resume todos los males de Colombia: bandas armadas, supuestas insurgencias, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), paramilitares, narcotráfico, cárteles internacionales, incluso mexicanos. Los expertos en seguridad calculan que una docena de organizaciones se disputan el control de 23.000 hectáreas de hoja de coca.
Las autoridades buscan desde hace meses al responsable de esos asesinatos en el departamento fronterizo de Nariño, donde el Ejecutivo llegó a desplegar a 11.000 militares. Se trata de Walter Patricio Arizala, alias Guacho, de nacionalidad ecuatoriana, quien encabeza un grupo de las FARC, llamado Óliver Sinisterra, que no se acogió a los acuerdos de paz. De facto, un criminal que dirige un frente mafioso. Hace dos semanas, durante un viaje a Tumaco, los relatos de los habitantes daban cuenta de la histórica ausencia del Estado en el municipio: un desafío que, al igual que en algunos territorios de las fronteras con Venezuela y Panamá, es urgente solucionar.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que ha lamentado la gestión pública del caso, señala que el “el hallazgo de los restos también refuerza el llamado a los Estados para que tomen medidas efectivas para garantizar el derecho a informar acerca de la grave situación de derechos humanos que atraviesa la frontera colombo-ecuatoriana”. La violencia, que como recordó recientemente esa ONG es la mayor amenaza contra la libertad de prensa y la forma más abominable de censura, hace que esa misión sea hoy allí prácticamente imposible. En el futuro, contar lo que pasa sobre el terreno y sin temores será uno de los principales bancos de pruebas para determinar la eficacia de la paz a largo plazo.
