Un contrato para la enseñanza de inglés en La Guajira por 11.400 millones de pesos, prendió las alarmas de la Procudaría.
Un contrato para la enseñanza de inglés en La Guajira por 11.400 millones de pesos, prendió las alarmas de la Procudaría.
El proyecto denominado “fortalecimiento de las competencias comunicativas del idioma inglés en los docentes y estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) del Departamento de La Guajira” es un convenio interadministrativo firmado con la empresa mixta departamental denominada Empresa Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Comunicaciones NIU Telco S.A.S., Funtics.
Pero, ¿qué hay de sospechoso en este convenio? Funtics, también es la empresa que presta los servicios del Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación en Chocó y Arauca, en contratos que son investigados por incumplimiento por el ministerio público.
En La Guajira, Funtics ha ejecutado al menos 10 contratos desde 2012. El primero, que se firmó con la Gobernación, fue en 2014. Para 2015 firmó uno por 20.000 millones de pesos que enredó a la gobernadora Oneida Pinto, investigada por la Procuraduría.
Hay dos grandes cuestionamientos frente a este contrato. Uno es la pertinencia de un proyecto de bilingüismo en un departamento en el que se mantiene una crisis de agua, desnutrición infantil y otras necesidades básicas insatisfechas.
Una sentencia de la Corte Constitucional, exige el aseguramiento de derechos fundamentales en La Guajira a causa de la vulneración de los derechos constitucionales, “en especial niñas y niños wayú”, por fallas de las entidades del Estado.
Se trata de temas como acceso a la salud, al agua potable, la alimentación y la participación étnica. La sentencia indica que los recursos de inversión del departamento y los municipios afectados (Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure) deben emplearse con prioridad para atacar estas problemáticas. Sin embargo, ¿se apremió dar clases de bilingüismo?
El otro cuestionamiento tiene que ver con la elaboración del contrato que, originalmente, hablaba de atender a 38 municipios, cuando en La Guajira hay solamente 15. Finalmente solo podía ser ejecutado en 12, dado que los otros tres poblados son certificados y no pueden ser beneficiarios, aunque de la Gobernación buscaron aclarar que se referían a «38 instituciones educativas».
La firma de este documento se dió un día antes de que entrara en vigencia la ley de garantías.
La firma de este documento se dió un día antes de que entrara en vigencia la ley de garantías.
El gobernador (e) Hernández Sierra, en su defensa, ha señalado que el proyecto lo encontró aprobado por la Ocad. Sin embargo, ¿por qué sí originalmente este contrato era para la Universidad de La Guajira, tras pasar por NIU Telco, el ejecutor final era la Universidad de Pamplona (Norte de Santander)?
Por otra parte, si bien había aprobación de la Ocad, el gobernador (e) anterior, Wilson Rojas, le dio prelación a otras necesidades, así que quien priorizó el proyecto fue al actual mandatario (e) Wilbert Hernández Sierra.
Los abogados de la Gobernación, ante el escándalo, le recomendaron al mandatario dar marcha atrás, para evitar eventuales sanciones de la Procuraduría, pero el daño ya podría estar hecho.
El gobernador (e) Hernández Sierra, en su defensa, ha señalado que el proyecto lo encontró aprobado por la Ocad. Sin embargo, ¿por qué sí originalmente este contrato era para la Universidad de La Guajira, tras pasar por NIU Telco, el ejecutor final era la Universidad de Pamplona (Norte de Santander)?
Por otra parte, si bien había aprobación de la Ocad, el gobernador (e) anterior, Wilson Rojas, le dio prelación a otras necesidades, así que quien priorizó el proyecto fue al actual mandatario (e) Wilbert Hernández Sierra.
Los abogados de la Gobernación, ante el escándalo, le recomendaron al mandatario dar marcha atrás, para evitar eventuales sanciones de la Procuraduría, pero el daño ya podría estar hecho.
