En una reunión entre la concesionaria Yuma S.A., encargada del proyecto, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y un grupo de contratistas a los que aún se les debe su pago, la situación de la Ruta del Sol III estaría a un paso más cerca de resolverse.
Una de las razones es que durante esa sesión Yuma S.A reiteró su disposición para firmar un acuerdo con las autoridades para reiniciar las obras en los términos que el Gobierno estipuló.
Esto incluye que los privados deben buscar $400.000 millones por su cuenta y poner a la firma Salini Impregilo, empresa italiana que figura como accionista mayoritaria, como garante para el crédito.
Esta semana se llevará a cabo una nueva reunión en la que se podría anunciar la fecha en la que se firmaría, finalmente, un otrosí que daría paso a la reactivación de las obras y al pago a los acreedores.
Mientras se hacen las mencionadas negociaciones, de forma simultanea, el contrato está surtiendo trámite para ser caducado.
En caso de que se tome la decisión de terminarlo definitivamente, la concesionaria tendría que pagarle a la Nación una multa de aproximadamente $80.000 millones.
Según ha manifestado la ANI con anterioridad, el país no tiene los recursos para concluir la vía por su cuenta, o al menos no en este Gobierno, pues las intervenciones podrían valer más de $2,3 billones.
Asimismo, a los más de 200 contratistas que han sido afectados por la paralización de las obras, se les adeudan alrededor de $128.500 millones desde hace varios años.
Desde 2007, las obras de la Ruta del Sol III han estado abandonadas.
