Entre este miércoles y el jueves, la Ley 1943 de 2018, conocida también como la Ley de Financiamiento, será discutida en la Corte Constitucional.
El alto tribunal revisará las demandas por las que se podría tumbar la normativa y, bajo esa lógica, sus efectos fiscales.
Desde el Ministerio de Hacienda se ha señalado que hay dos escenarios de riesgo.
En primer instancia, según el ministro Alberto Carrasquilla, “nadie volverá a creer en una reforma tributaria ni Ley de Financiamiento”, y el segundo efecto, asegura que costaría cada año 1,5 puntos del PIB de crecimiento.
El Gobierno ha advertido que este sería “un frenazo para la economía” y desde la Andi que sería “una catástrofe económica”.
No obstante, en contraposición está la presentada por Fedesarrollo. El centro de estudios aseguró que, en principio, una declaratoria de inexequibilidad podría conducir a un mayor recaudo tributario.
Sin embargo, esto no compensaría el impacto negativo asociado con los costos en incertidumbre.
