La instancia judicial más elevada de Reino Unido ha fallado que el cierre del Parlamento británico, forzado por el primer ministro Boris Johnson, es ilegal.
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Los magistrados sentencian que el primer ministro mintió a la Reina al solicitar la suspensión temporal de Westminster, justificando la clausura de cinco semanas, entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, por la necesidad de preparar una amplia batería de medidas de política doméstica para la próxima sesión legislativa.
Fueron varios los parlamentarios y activistas los que denunciaron esa maniobra, al entender que el objetivo real de Johnson era evitar el escrutinio de la Cámara de los Comunes a su plan para implementar el brexit el 31 de octubre.
Tras varios fallos contradictorios en instancias menores, el Tribunal Supremo dictaminó este martes que las razones alegadas por Downing Street no eran reales y el Parlamento debe ser reabierto.
Si bien Johnson había prometido respetar el fallo, está por verse en qué forma y manera, ya que no está dispuesto a dimitir que le mintió a la Reina, aunque es probable que lo pida así la oposición política.