El Gobierno venezolano fiscalizará bancos y comercios debido a la escasez de efectivo que desde hace meses registra la nación y que se ha agravado en las últimas semanas, informó este lunes el ministro de Interior y Justicia, el general Néstor Reverol.
“Este plan busca evitar y combatir el cobro ilegal de avance en efectivo en primera parte, así como la evasión fiscal, la especulación y la usura, el boicot al billete, el contrabando de extracción de billetes hacia los estados fronterizos”, dijo el militar durante una alocución televisada.
Indicó que dicha estrategia arranca en ocho estados del país, se mantendrá hasta el 31 de diciembre e incluye la actuación de instituciones como la Superintendencia de Bancos (Sudeban), la Fuerza Armada, la Policía, la Fiscalía, el Banco Central (BCV), el Seniat (Hacienda) y la Oficina Contra la Delincuencia Organizada.
Reverol explicó que la Fuerza Armada hará una “labor especial en la frontera” para evitar la “extracción” y el contrabando de billetes -que a diario fluye por miles en casas de cambio en estados fronterizos- e invitó a los ciudadanos a denunciar irregularidades a través de una línea telefónica.
La Sudeban, por su parte, efectuará “visitas imprevistas a bancos” para constatar que las remesas que despacha el BCV se correspondan a una «justa y equilibrada distribución» y «que no comploten para entregar (metálico) a particulares» con fines ilegales.
Aseguró que hay varios directivos de entidades financieras involucrados en hechos de corrupción y que hasta ahora hay «3 gerentes detenidos».
Asimismo, la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) impedirá que los establecimientos comerciales sigan «reteniendo el dinero en efectivo para estas transacciones ilegales» o cobren comisiones para otorgar dinero físico a clientes.
Entretanto, Hacienda revisará que las «ventas del día correspondan al ingreso de dinero que tiene cada uno de los comerciantes».
El ministro dijo que han determinado hasta el momento 400 casos sobre «el manejo irregular de los puntos de venta» y advirtió que quienes incurran en delitos como acaparamiento, desestabilización de la economía, boicot, condicionamiento de venta o usura, serán castigados de acuerdo a la Ley de Precios Justos.
Adelantó que tomarán medidas «para asegurar e incautar los bienes que sean necesarios a aquellos comerciantes que trafiquen con los billetes en efectivo».
Venezuela ya ha registrado al menos dos crisis por efectivo en los últimos meses, siendo la más grave la que ocurrió a mediados de diciembre pasado luego de que el jefe de Estado ordenase retirar en tres días el billete de 100 bolívares, por aquel entonces la mayor denominación monetaria del país.
Esa decisión desató disturbios principalmente en el sur del país, que se saldaron con tres muertos, decenas de comercios saqueados y la decisión del Ejecutivo de postergar en varias ocasiones la vigencia de ese papel que sigue circulando junto a los billetes de mayor denominación, incorporados con retrasos en el sistema financiero.
La inflación acumulada en Venezuela hasta agosto de este año alcanzó el 366,1 %, según datos del Parlamento, en manos de la oposición, que durante todo 2017 se ha encargado de informar sobre este dato en ausencia de la información del BCV.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pronosticado que la inflación seguirá desbocada y prevé que se ubique en 720 % para este año y alcance el 2.000 % en 2018.
EFE
