La práctica de la tecnología de fracturamiento hidráulico, mejor conocido como fracking, nuevamente entra en debate ante las insuficientes reservas de petróleo y gas en Colombia. Aunque la industria y el Gobierno apoyan la práctica, se estima que esta alternativa no sólo se debe pensar desde la rentabilidad sino en la sostenibilidad, razón por la que es poco critico adjudicar unos bloques para fracking sin que el “país disponga de una línea base soportada”. Sin hablar de los riesgos e impactos que el fracking trae en el camino.
Riesgos como la liberación de metales pesados e isótopos radiactivos; sismicidad inducida; problemas con el tratamiento, disposición y reinyección de fluidos de retorno y cuerpos de agua de producción, y efectos severos sobre acuíferos y cuerpos de agua superficial son las razones determinantes para que el Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, señale que hay que estar consciente de que aún hay vacíos legales en el conocimiento para saber si el fracturamiento hidráulico afecta o no los recursos acuíferos, por ello apuntó que “es más un tema de procedimiento que de reglamentación”. Además señaló que está práctica se debe de “hacer cuando estemos listos, y hoy no estamos listos. Se necesita un pilotaje para ver qué hay en el subsuelo. Necesitamos tener unas líneas base de todo el mapeo hidrológico que tenemos nosotros, y saber, efectivamente, cómo está el país, para posteriormente ver cómo los vamos a impactar. Hasta no estar listos es preferible no hacerlo porque se estaría haciendo un fracking irresponsable”.
En ese orden de ideas, el Contralor le dijo al presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, y de paso al Ministerio de Minas y Energía, que van en la misma línea y que la Contraloría no se opone si el fracking es bien hecho. Destacó que este es un proceso que debe seguirse “en forma rigurosa y con mucha supervisión y control, esto sumado a todo el cuidado ambiental e inclusión social que este tipo de proyectos demanda en Colombia”, añadió el vocero.
