En 2022 ocurrieron 92 masacres, la cifra más alta en la última década: ONU DD. HH.
En ningún año de la última década se habían registrado en Colombia tantas masacres como las que se perpetraron en 2022: entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado se cometieron 92 masacres en el territorio nacional, que dejaron 321 víctimas mortales: 270 hombres, 30 mujeres, 14 niños y 7 niñas. Un aumento casi del 20% con relación a 2021.
La alarmante cifra está incluida en el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre Colombia, que fue revelado este viernes y será presentado el próximo 7 de marzo en Ginebra (Suiza) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es el primero de los informes de esa dependencia de Naciones Unidas que alcanza a monitorear los primeros meses del Gobierno Petro, que, según las cifras, no ha mejorado la situación de derechos humanos en el país.
El documento también revela que las masacres se concentraron en el suroccidente del país (Cauca, Nariño y Valle del Cauca) y en Antioquia.
El panorama tampoco es alentador en materia de defensores de derechos humanos. El informe reporta 116 personas defensoras asesinadas durante 2022. Casi la mitad de los homicidios (52) se dirigieron a miembros de las Juntas de Acción Comunal, mientras que en 2021 habían sido 13 asesinatos contra esa población.
Juliette de Rivero, representante en Colombia del ACNUDH, sostuvo que durante el año pasado registraron un recrudecimiento de la crisis de derechos humanos de las poblaciones étnicas (indígenas y afros). Por eso, dijo que valoran como una buena señal el hecho de que el Gobierno Petro haya nombrado en cargos claves para esas poblaciones a líderes indígenas y afrodescendientes de amplia trayectoria.
El documento también recoge las cifras de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), según las cuales durante 2022 fueron desplazadas 82.862 personas y fueron confinadas 102.395, lo que también representa un aumento considerable frente a 2021, cuando se desplazaron 73.974 y 65.685 sufrieron confinamiento. Esas afectaciones se concentraron en Arauca, Cauca, Chocó y Nariño, sobre población indígena y afrodescendiente principalmente.
Con base en esa crítica situación humanitaria en el país, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos exhortó en el documento al Gobierno colombiano a que en los procesos de diálogo o negociación con los grupos armados ilegales “se acuerden medidas inmediatas para desescalar la violencia y mitigar sus impactos, y se consideren las normas y estándares internacionales sobre derechos de las víctimas y lucha contra la impunidad”.
