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Cartagena, en riesgo de perder su título de Patrimonio de la Humanidad


Los ciudadanos cartageneros han manifestado preocupación por un nuevo proyecto de vivienda que está siendo construido en el barrio Torices de la Heroica, y que al parecer amenaza con obstaculizar la vista del Castillo San Felipe, monumento emblemático de la ciudad.

El proyecto, que recibe por nombre Aquarella, se compone por cuatro torres de 30 pisos cada una, y es liderado por las promotoras Calle 47 y Rosendal, propiedad de los jóvenes paisas Maria Adelaida Llano, Tatiana Figueroa Zuleta y Lucas Tamayo.

Estas promotoras lograron obtener en el 2012 la licencia de construcción a través de la oficina de planeación de la ciudad, durante la efímera Alcaldía de Campo Elías Terán. El fallecido alcalde que llegó al cargo por su popularidad como locutor radial, y que fue destituido meses antes de morir.

Con una visión únicamente económica, los promotores del proyecto no tuvieron en cuenta que con la construcción de las torres, la ciudad estaría violando lo acordado en 1994, cuando con el nombramiento por parte de la Unesco como Ciudad Patrimonio, se comprometió a respetar los bienes patrimoniales y las áreas circundantes a estos, para no alterar las visuales sobre los monumentos históricos de la ciudad.

Se corre el riesgo de que la capital de Bolívar sea retirada de la lista de Ciudades Patrimonio.

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Este no es el primer proyecto liderado por las promotoras Calle 47 y Rosendal, la unión de estas se dio años atrás con el propósito de promover proyectos arquitectónicos tanto en Medellín como en Cartagena. La primera nació en el 2006 y la segunda en 2014.

La Alcaldía no se manifestó

La licencia de construcción de Aquarella se expidió durante el gobierno de Campo Elías, y en este no se tuvo en cuenta el daño a futuro. El alcalde que lo sucedió, Dionisio Vélez, tampoco frenó la catástrofe urbanística, de la cual se percató el Ministerio de cultura a comienzos de este año. Fecha en que empezó a actuar para lograr proteger el patrimonio de la nación por encima de las decisiones locales de los alcaldes de turno.

Hoy, el ojo de las autoridades está puesto en la oficina de planeación de Cartagena, debido a las denuncias hechas por el trámite de permisos envueltos en corrupción, que evidencian intereses tanto de los constructores como de los políticos.

Manolo Duque, el último alcalde elegido en La Heroica, se encuentra en la cárcel por un cartel de permisos falsos o ilegales para levantar edificios, uno de ellos, el edificio Blas de Lezo, que se vino abajo hace seis meses por no cumplir con las normas de construcción, ocasionando la muerte de 21 personas.

Le sacaron el cuerpo al POT

El mecanismo que utilizó la oficina de planeación para hacerle el esguince al POT y a la reglamentación de Conservación de Patrimonio del Ministerio de cultura, que prohibía la construcción de edificios de alturas mayores a 6 pisos en las áreas circundantes de este bien patrimonial, el Castillo de San Felipe, y otros de igual importancia fue el siguiente: Emitieron una circular aclaratoria al  POT –Plan de ordenamiento territorial-, con una cuestionable interpretación de la norma, que abrió una compuerta que ha permitido 33 modificaciones a la norma para habilitar proyectos como Aquarella, que además promocionan por su vecindad con el Castillo de San Felipe.

Otras empresas involucradas

Para la construcción de este edificio, la Promotora Calle 47 se alió con tres otras empresas, con las que además han trabajado juntos en otras iniciativas.  La gerencia del proyecto está en cabeza de Ingeniería Inmobiliaria, una empresa que tiene la misma dirección registrada que Promotora Calle 47, la impulsora del proyecto Aquarella. El gerente es Luis Carlos Lopera y la suplente Patricia Vélez Álvarez, quien tiene otra empresa de construcción, Ménsula S.A., y que está ubicada justo al lado de la oficina de Promotora Calle 47.

Ingeniería Inmobiliaria nació en 1995 y ha desarrollado 57 proyectos, mientras adelanta otros 23 proyectos en este momento.

La empresa que está encargada de la construcción de Aquarella es Colcivil, una empresa antioqueña sólida que ha tenido varios contratos para construir acueductos durante las gobernaciones de Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo. Con el primero firmó un contrato de $10,500 millones para intervenir de emergencia las vías de la parte norte del Bajo Cauca Antioqueño, otro de $1,500 para arreglar las vías de Bello y $208 para el acueducto del mismo municipio.

Con Fajardo, Colcivil obtuvo un contrato por $9,000 millones para construir el acueducto de Vigía del Fuerte y otro por $1,600 millones de pesos para construir el acueducto de Nariño, Antioquia. El gerente de la empresa es José Alberto Saenz Giraldo, un reconocido constructor  del departamento.

Por su lado, los jóvenes que montaron Promotora Calle 47 tienen un entramado de empresas con las cuales comercializan numerosos proyectos.

María Adelaida Llano también es gerente de EmE Propiedad Raíz, otro de los comercializadores de Aquarella.

Lucas Tamayo, tiene tal vez el mayor rango de empresas. Solo en el 2014 apareció en los registros de Cámara de Comercio de Medellín pidiendo permisos para 5 empresas: Promotora Paradisia S.A.S – Grupo Inmobiliario del Sur S.A.S; La Teca inmobiliaria S.A.S y  Plaza Navarra Inmobiliaria S.A.S.

Tatiana Figueroa es una arquitecta con recorrido académico. Publicó con la Universidad de Valencia, un libro patrocinado por el Grupo Argos y la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Es la esposa de Ricardo Palacios, el gerente financiero de la empresa Arquitectura y Concreto, la tercera constructora del país.

Mediante estas distintas empresas han logrado construir una red de alianzas para facilitar las construcciones, en un comienzo solo en Medellín y el Valle de Aburrá, pero desde hace cinco años se trasladaron a Cartagena, donde empezaron con este mega proyecto de cinco torres que ha encendido las alarmas por sus efectos en el valor patrimonial de Cartagena.

¿Qué dice el Ministerio de Cultura?

El Ministerio de Cultura, a través de la oficina de Patrimonio en cabeza de Alberto Escovar, y de la mano de la Procuraduría de Fernando Carrillo, están actuando de manera drástica buscando frenar el avance de las cuatro moles que acabaran con la visual sobre el Castillo de San Felipe.

El Ministerio de Cultura ya logró actuar con una norma que amplía el rango de protección del Castillo de San Felipe, para evitar que se sigan haciendo esguinces como éstos.

La decisión tendrá efectos a futuro. Ahora trabajan para encontrar el recurso legal que les permita frenar el invasivo proyecto Aquarella, que está terminando de levantar la primera torre pero que tiene por delante otras tres.

¿Se frenará o no la construcción?

El proyecto con el que los tres jóvenes profesionales paisas se metieron en Cartagena entrará ahora en el terreno del litigio como sucede con muchas obras que arrancan con autorizaciones en el filo de la ley.

Los funcionarios de planeación y los alcaldes implicados están en la lupa de la Procuraduría, órgano que investiga si hubo faltas disciplinarias en la emisión de la circular aclaratoria y su interpretación.

El propósito es atajar una obra que puede quitarle el status a Cartagena de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, con un impacto dramático incluso  para el turismo.

 


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