Donald Trump ha decidido poner en el congelador la apertura entre Washington y La Habana iniciada por su predecesor Barack Obama en diciembre de 2014. Trump no va a dar marcha atrás en la reapertura de relaciones diplomáticas llevada a cabo en 2015, pero sí va a restringir las posibilidades de los estadounidenses para viajar a la isla. También va a tratar de impedir que el deshielo entre los dos países beneficie a las empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas cubanas, que controlan gran parte de la actividad económica en el país. El motivo de esta política parece ser el rechazo a las sistemáticas violaciones de derechos humanos y a la falta de democracia en Cuba, un argumento que el actual Gobierno de EEUU ha decidido dejar de aplicar con el resto del mundo, tal y como ha explicado el propio secretario de Estado, Rex Tillerson.
Trump, sin embargo, no va a dar marcha atrás en la reapertura diplomática bilateral, una medida solicitada por los sectores más duros del exilio, ni va a reinstaurar el tratamiento preferencial que hasta diciembre recibían los cubanos que llegaban a EEUU. Acaso eso se deba a que los actuales inmigrantes lo hacen más por razones económicas que políticas y tienden a votar demócrata, en lugar de republicano, como sus predecesores.
El presidente de EEUU, siempre atento a los símbolos, va a anunciar esas medidas en el Teatro Manuel Artime, que toma su nombre de uno de los líderes de la Brigada 2.506, es decir, del grupo de 1.300 exiliados cubanos que en abril de 1961, bajo la presidencia de John F. Kennedy, intentó invadir la isla con un desembarco en Bahía Cochinos. Así, Trump lanza una referencia al ala más dura del exilio cubano, que está perdiendo poder demográfico en Florida a medida que sus miembros van muriendo. A lo largo de la campaña electoral, el presidente de EEUU ya mencionó a la Brigada en varias ocasiones.
El alcance de las medidas no está claro, en parte por la falta de transparencia de la economía cubana. Pero lo que sí parece evidente es que el objetivo de Trump es llevar a cabo lo que el equipo de su predecesor, Barack Obam,a, puso en práctica con Irán, es decir, sanciones inteligentes, que no afecten al conjunto de los cubanos, sino más bien al régimen de los Castro. El blanco es el Grupo de Administración Empresarial, SA(GAESA), in conglomerado de, como mínimo, 57 entidades que controla la mayor parte de la hostelería, las cadenas de supermercados, bancos, empresas de transferencias de dinero entre el exilio y Cuba, inmobiliarias, terminales de contenedores, y empresas importadoras y exportadoras. Su máximo responsable es el general de división Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, que además es yerno de Raúl Castro.
Algunos expertos han criticado el endurecimiento de la política de EEUU hacia Cuba por considerarlo contraproducente. Para Jason Marczack, del think tank Atlantic Council, al que está afiliado el ex presidente español José María Aznar, ha declarado que «el sistema cubano ya ha demostrado su resistencia a los intentos de aislamiento de EEUU durante las pasadas cinco décadas». Según Marczack, el medio millón de ciudadanos cubanos cuentapropistas (una figura relativamente similar al autónomo español) y que se benefician de la apertura con EEUU pueden verse particularmente perjudicados por las nuevas medidas.
La prohibición de hacer negocios con entidades de GAESA puede tener repercusiones para las pocas empresas estadounidenses que han empezado a operar en Cuba. El gigante de la hostelería Airbnb paga a sus asociados cubanos por el alquiler de habitaciones y viviendas a través de VaCuba, que pertenece a GAESA. El Atlantic Council estima que los cuentapropistas cubanos han recibido 40 millones de dólares (35,6 millones de euros) de Airbnb en los últimos dos años.
La empresa de servicios financieros Western Union, especializada en el envío de remesas – es decir, de dinero de un país a otro – y que ha sido empleada por el exilio para mandar fondos a sus familiares en Cuba, también usa los sistemas de VaCuba, según ha informado el diario Miami Herald.
Otra empresa estadounidense que podría verse afectada es la mayor cadena hotelera del mundo por número de habitaciones: Marriott. Esa empresa gestiona el Hotel Four Points en La Habana, que es propiedad de Gaviota, la división de hostelería de GAESA. Las empresas españolas Iberostar y Meliá, y la suiza Kempinski también gestionan hoteles de Gaviota.
