Bogotá, 15 may (EFE).- El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró hoy en el municipio de Briceño, uno de los más afectados por las minas antipersonales, que la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos es la «mejor decisión» que pueden tomar los campesinos del país.
«Esta es la mejor decisión que pueden tomar. Es una decisión que los va a favorecer a ustedes, sobre todo a sus hijos. El futuro de este corregimiento, el futuro de este municipio, el futuro de Colombia y el futuro del mundo, serán mucho mejor si somos exitosos», sostuvo el mandatario.
En Briceño, municipio del norte del departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, arrancó el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), que beneficiará a 110 familias campesinas y prevé sustituir 800 hectáreas en la región.
La implementación del PNIS se realizó en la vereda de El Orejón, de Briceño, el primer lugar en el que el Gobierno colombiano y las FARC comenzaron el desminado humanitario acordado en las negociaciones de paz de La Habana.
El jefe del Estado manifestó la voluntad del Gobierno de trabajar con la comunidad para sacar adelante los programas de sustitución de cultivos que contarán con el apoyo del Banco Agrario, el Ministerio de Agricultura y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria.
Estas entidades realizarán los estudios pertinentes para recomendarles a los campesinos el producto que más les conviene sembrar, de acuerdo con las características del terreno.
Por su parte, el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, explicó que el programa de sustitución voluntaria está conformado por tres etapas.
En la primera, indicó, se hace el compromiso de la comunidad de hacer parte de la sustitución integral de cultivos, y en la segunda, se realizan visitas a las aldeas para sociabilizar el programa y definir cómo se hará el acompañamiento de las partes involucradas».
Finalmente, aclaró Pardo, «la tercera fase es la que hoy se inicia en Briceño, que es propiamente la sustitución, en la que se adelanta la inscripción de la familia y comienza el proceso de retirar la coca y recibir un apoyo económico».
Según el presidente Santos, desde enero pasado se han realizado acuerdos con líderes y organizaciones sociales que representan a unas 80.000 familias.
La meta del Gobierno en la primera fase del programa es llegar a las 50.000 hectáreas sustituidas.