Dos de los grandes retos que tiene la reforma a la salud que contempla el gobierno Petro son mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la salud, e implementar un plan maestro de infraestructura para garantizar la atención de pacientes en todo el territorio nacional, en centros médicos suficientemente dotados.
Estos desafíos suponen la necesidad de más recursos financieros, gastos adicionales que no están completamente detallados en el proyecto de reforma, según han expresado varios expertos, entre ellos el exministro de Salud, Augusto Galán.
Según Galán, además de las dudas sobre de dónde saldrán los recursos para estos propósitos que contempla la iniciativa, y cuánto valdrá la reforma, también hay preocupación sobre cómo se va a destinar el dinero bajo el modelo planteado en el proyecto.
Y es que la iniciativa señala que el flujo de recursos sea administrado exclusivamente por el Estado a través de Adres.
“Actualmente la Adres es la que administra los recursos en el régimen subsidiado. Así funciona hoy por hoy, pero con la reforma se aplicaría este modelo a todo el sistema de salud”, señaló el exministro Galán.
Además de la administración de los recursos, la gestión integral de los riesgos de salud pasarían también a la Adres a nivel nacional o las secretarias de salud, Adres seccionales, fondos regionales y Centros Primarios de Salud (CAPS) en los departamentos del país, función que ahora es asumida por las EPS.
Piden explicación sobre los recursos
Las preocupaciones sobre cómo se financiará la reforma a la salud y de donde saldrán los recursos para no desfinanciar el sistema con los cambios que plantea la iniciativa, no viene solo de expertos.
Un grupo de Congresistas le solicitó al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que aclare las dudas fiscales que no están especificadas en el proyecto, ya que varios rubros que no cuentan con información suficiente para su análisis.
En la carta se leen consideraciones como: “nos preocupa que los cambios propuestos carezcan de sustento fiscal y por ende se termine por afectar el acceso efectivo al derecho a la salud de 50 millones de colombianos”.
Además advierten que se necesitaría 50% más de recursos de los que hoy hay para garantizar el funcionamiento del sistema a la salud y manifiestan que hay puntos no tienen suficiente información o claridad para ser interpretados y analizados correctamente.
