El pasado lunes el presidente de Perú, Martín Vizcarra, puso punto final a la disolución «constitucional» del Congreso y llamó a elecciones el próximo 26 de enero para elegir un Parlamento nuevo.
En un mensaje televisado, Vizcarra declaró que con la disolución del Congreso buscaba «dar un fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que Perú crezca al ritmo de sus posibilidades».
Esta medida es utilizada por el mandatario, aplicando una norma constitucional que le habilitaba a ello sí la cámara le negaba una cuestión de confianza para realizar cambios en el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional (TC).
El gobierno peruano planteó esta cuestión de confianza porque consideraba que el proceso de selección no era transparente y no garantizaba la división de poderes en la nación.
Sin embargo, horas después, el Congreso suspendió a Vizcarra de sus funciones presidenciales durante 12 meses por «incapacidad temporal».
Y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como «presidenta en funciones» del país.
El país sudamericano, que ya atravesaba una larga crisis de corrupción, ha quedado ahora sumido en la incertidumbre con una división cada vez más marcada entre el gobierno y el Congreso.
Tras conocerse la disolución del Congreso, el centro histórico de Lima y otras ciudades del país fueron escenario de manifestaciones ciudadanas en respaldo al anuncio de Vizcarra.
«Sí se pudo» o «Perú, te quiero, por eso te defiendo» fueron algunas de las proclamas que se escucharon en las marchas.
Mientras, manifestantes a las afueras del Congreso gritaban «desalojo, desalojo» en referencia a los diputados que continuaban en su interior.
