Bogotá, 17 de mayo de 2017. La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria y suspensión provisional, por el término de tres meses, a Manuel Vicente Duque Vásquez, en su condición de alcalde de Cartagena, como medida cautelar mientras se adelanta el proceso que se lleva a cabo por las presuntas irregularidades en el seguimiento y control a las construcciones de la ciudad; omisiones que se pusieron de manifiesto con el desplome del edificio Portal II de Blas de Lezo.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa tomó una decisión igual frente a Patricia Zapata Negrete, alcaldesa de la localidad Industrial y de la Bahía y Alfonso Ramos de León, inspector de la Comuna 12 de la ciudad.
Se abrió también investigación a Luz Elena Paternina Mora, secretaria de Planeación de Cartagena; Olimpo de Jesús Vergara, director de Control Urbano; Ricardo Javier Castellar Pérez, Gilberto Marrugo Maldonado y Jorge Luis Cudris Pájaro, técnicos y profesional en la Localidad Industrial y de la Bahía.
La existencia de 55 construcciones sin licencia que se levantan en la Localidad Histórica y del Caribe Norte, sustentan la decisión contra el alcalde y de los otros funcionarios. La presunta falta disciplinaria sigue cometiéndose.
Acción de tutela
Además, la Procuraduría General interpuso una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores que sobrevivieron al desplome del Edifico Portal II de Blas de Lezo.
Se busca que estos trabajadores sean cobijados con el mecanismo de protección al cesante, a través del cual tendrían derecho a un subsidio de alimentación y al pago de seguridad social por un término de 6 meses. Así mismo, a su inclusión en la ruta de empleabilidad para que su hoja de vida figure en el Servicio Público de Empleo, reciban capacitación y orientación para acceder a un trabajo formal y decente.
Acompañamiento
El ente de control adelanta asistencia y apoyo a los 22 trabajadores heridos en la tragedia y a otro número similar de obreros ilesos, quienes también reclaman sus derechos laborales y de seguridad social.
El Ministerio Público asumirá la representación y reclamaciones de los derechos que le asistan a las familias de los 21 trabajadores fallecidos el pasado 27 de abril.
Acción popular
Así mismo la Procuraduría presentará una acción popular para proteger los derechos colectivos de la comunidad de Cartagena, amenazados por la existencia de construcciones ilegales. Como medida cautelar se pedirá que la alcaldía identifique las obras con deficiencias estructurales que puedan constituir riesgo para la comunidad.
De acuerdo al comunicado La Procuraduría dará traslado a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que evalúe las quejas de propietarios de bienes en Cartagena que habrían sido construidos sin licencia, poniendo en riesgo la seguridad de los ocupantes y residentes en esos inmuebles.
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