Declarar emergencia, el pedido de Buenaventura para salir del paro

El restablecimiento de una mesa de diálogo entre los líderes del paro cívico de Buenaventura y una comisión del Gobierno Nacional sigue sin definirse.

Desde el viernes pasado, cuando se decidió hacer una pausa en las conversaciones, solo ha habido un escalamiento de la tensión en ese distrito vallecaucano: saqueos y enfrentamientos que dejaron diez policías lesionados y 80 personas detenidas, nuevas protestas pacíficas e incertidumbre sobre cómo y cuándo las partes volverán a encontrarse.

Funcionarios de la Presidencia consultan en Bogotá la viabilidad de las peticiones de los manifestantes: declarar la emergencia social, económica y ambiental en Buenaventura y que sea el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el que lidere el grupo del Gobierno en esta gestión. Los voceros por su parte, no han recibido respuesta del paro y se mantienen “inflexibles” en sus pedidos.

Así lo manifestó Víctor Vidal, exconcejal y directivo del Comité del Paro Cívico, quien es claro en que en el próximo encuentro con el Gobierno “vamos a discutir y a negociar, pero no vamos a ceder en nada, porque no han contestado nuestras peticiones”, dice, refiriéndose a la solicitud de emergencia, que según la Constitución se utiliza cuando hay una situación excepcional y el presidente necesita facultades extraordinarias para buscar recursos y soluciones.

Para Vidal, la declaratoria, que en este caso aborda peticiones relacionadas con salud, servicios públicos, educación, justicia y territorio, es un reclamo “justo y legal”, y por tanto tiene fe en que si el Gobierno no lo acoge, “al menos tengan una propuesta de iguales proporciones”.

Sobre la solicitud de los funcionarios de que los líderes levanten los bloqueos en las vías, que hacen parte de su esquema de protesta, el exconcejal es enfático en que no lo harán hasta tanto haya un avance real en la negociación.

Aunque no tiene claro la fecha y condiciones de reinicio de ésta, acepta que hay algunas intervenciones de congresistas para agilizar el proceso. De hecho, el senador vallecaucano Édinson Delgado le adelantó a Colprensa que hubo una reunión con los representantes del Gobierno, en Casa de Nariño, en la que se tomó la decisión de que el Gobierno reasuma el diálogo “franco y abierto sobre los puntos que ha planteado el comité del paro”, y discuta otros, como la ley de contraprestación portuaria, el desarrollo de un complejo pesquero y temas de turismo.

Al respecto, Luis Alfonso Escobar, gerente del Plan Todos Somos Pazcífico y miembro de la comisión del Gobierno que estuvo en el puerto la semana pasada, dice que está a la espera de que el presidente Santos, lo llame para saber cuándo continuarán las gestiones. Dice que la declaratoria de una emergencia en ese distrito necesita ser discutida.

“Si hay una emergencia, como sucedió en Mocoa, todo el Estado agiliza la inversión, pero para el caso de Buenaventura se trata de problemas por necesidades estructurales”, afirma el funcionario, y detalla que, como tal, lo que se requiere es una atención estructural. En esa medida, asevera, el Gobierno propone más bien alternativas para agilizar la inversión, que podrían discutirse cuando se llegue a acuerdos, como mecanismos de financiación para la obras de un acueducto que funcione, no 18 horas (como está estipulado en el Plan de Choque para Buenaventura), sino 24.

Escobar fue enfático en que los compromisos del Plan de Choque, que el Gobierno inició en 2014 para atender la crisis social de Buenaventura se han cumplido en un 72 %. Afirma que se logró reducir la tasa de homicidios en un 70 % desde 2013, las adecuaciones del hospital de segundo nivel se entregarán en septiembre próximo y se invirtieron $36.000 millones para las plantas optimizadoras que resolverían los cortes en el acueducto (de 120 días al año, en promedio) y que buscan garantizar continuidad en el servicio por 18 horas al día. En ese sentido, insiste el gerente, “hoy la discusión no es que el presidente no le cumplió a Buenaventura, sino que hay temas estructurales que la gente quiere discutir”.

Su percepción no es la misma de quienes viven la realidad del distrito.

Justo ayer, los obispos de las jurisdicciones eclesiásticas que integran la región de la Costa Pacífica entregaron un comunicado en el que apoyan el paro e insisten en que históricamente los habitantes de esa región han sufrido el abandono estatal, la violencia de diversos actores armados y la corrupción de muchos líderes a todo nivel.

Llaman al Gobierno Nacional a “hacer su mejor esfuerzo para cumplir con acuerdos anteriores y responder a las legítimas aspiraciones de los ciudadanos que exigen derechos fundamentales”.

Al respecto, el padre Adriel Galbán, párroco de la Iglesia del barrio Lleras del puerto y defensor de los derechos humanos en ese municipio, dice que si bien afuera puede parecer exagerado solicitar que se declare la emergencia en Buenaventura, esa es la única manera que tenemos en este momento de exigir que se ejecuten obras de gran impacto social en el puerto.

Se refiere al hecho de que no hay agua potable, tampoco un hospital de segundo o tercer nivel para 500.000 habitantes y la tasa de desempleo alcanza el 60 %.

“Es paradójico que en un lugar estratégico, en el primer puerto del país, la pobreza sea del 81 % y la mitad de la gente sea víctima del conflicto armado”, añade.