La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia pidió hoy a las instituciones estatales competentes y a las fuerzas políticas «remover con urgencia» los obstáculos que «siguen impidiendo» el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
El proyecto de ley que reglamenta la JEP, encargada de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado, ya recibió luz verde en la Cámara de Representantes pero el Senado rechazó la iniciativa la semana pasada hasta que la Corte Constitucional realice un «pronunciamiento de fondo» sobre el tema.
Uno de los elementos de discordia de la JEP es el sometimiento de miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en estos crímenes.
Eso porque el partido uribista Centro Democrático busca ampliar los plazos para su comparecencia, mientras que el Gobierno y sus partidos aliados recuerdan que ese trámite de los militares es obligatorio y no puede estar sujeto a plazos.
Ante esta situación, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, convocó el miércoles pasado a sesiones extra del Congreso, que se celebran desde el 21 de junio hasta el 3 de julio para abordar no solo la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz, sino también otros 14 proyectos.
Por ello la Misión, detalló en un comunicado, que «hace un llamado a las instituciones del Estado competentes y a las fuerzas políticas para que remuevan los obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz de Colombia cumpla con su compromiso con la justicia y el derecho de las víctimas».
En ese sentido, recordó que la JEP, una de las columnas vertebrales del acuerdo de paz con la ya desmovilizada guerrilla de las FARC, fue establecida constitucionalmente y abrió sus puertas el pasado 15 de marzo.
«Sin embargo, tres meses más tarde, la JEP sigue sin las normas de procedimientos requeridas para dar mayor seguridad jurídica a las decisiones de sus magistrados y magistradas», agregó la información.
Resaltó además que las víctimas «siguen esperando que se realicen las primeras audiencias y comparecencias de quienes se vieron involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario»
La Misión dijo además que quienes se someten a la JEP «continúan en la incertidumbre sobre los términos de su propia situación jurídica».
Por ello consideró que «es hora de que las víctimas puedan beneficiarse sin más demora de los compromisos establecidos en el acuerdo de paz sobre la rendición de cuentas de las personas que se someten a la JEP».
El presidente electo de Colombia, Iván Duque, del Centro Democrático, mostró ayer su voluntad de «buscar un acuerdo» esta semana sobre la legislación que regula el funcionamiento de la JEP.
Duque espera que «el Gobierno nacional pueda facilitar escuchar algunas de las proposiciones que se han hecho en el Congreso y tratar de buscar un acuerdo para que las reglas de procedimiento satisfagan esos aspectos».