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Las dudas que genera la licitación de $5,2 billones para la salud de los docentes


Una de las licitaciones más costosas que se haya anunciado en el país, por un valor cercano a $5,2 billones para cobijar los servicios de salud de más de 100 mil docentes colombianos y sus familias, genera varias dudas.

En días pasados, el noticiero CM& reportó que “la Fiduciaria La Previsora (Fiduprevisora) avanza en el proceso de contratación, aunque la licitación se declaró desierta en enero porque ninguno de los 28 participantes cumplía con los requisitos exigidos”.

La convocatoria pública se reactivó luego de que le hicieran ajustes al pliego de condiciones, pero varios de los requisitos generan dudas porque podrían ser violatorios de derechos fundamentales o una amenaza para la transparencia que exige la ley.

En capacidad económica, La Previsora exige un índice de liquidez del 0,6 %, con lo cual los interesados deben demostrar que están en capacidad de pagar 60 centavos por cada peso que deban, cuando lo ideal es que tuvieran para pagar el 100 % de las deudas o hasta más.

Con ello, explicó una fuente, se busca habilitar entidades con liquidez insuficiente para la gestión financiera del contrato.

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“Si solo se cuenta con sesenta centavos por cada peso que adeuda, significa que está en riesgo financiero, con lo cual los dineros de la salud de los docentes corren grave riesgo de ir a pagar a obligaciones ajenas al contrato prestación de servicios y que se desvíen”, advirtió.

Los concursantes deben además presentar un paz y salvo que garantice que no tienen ninguna deuda pendiente al 30 de junio de 2016, cuando ya transcurrieron más de seis meses.

“No se justifica pedir un paz y salvo de casi un año de antigüedad a la fecha de adjudicación del contrato, cuando los balances se están solicitando a 31 de Diciembre de 2016. ¿A quién se pretende beneficiar con este extraño requerimiento de paz y salvo antiguo?”, se cuestiona el experto consultado.

Fiduprevisora tampoco incluyó en los nuevos pliegos de condiciones la prohibición de ejercer la colusión o prácticas restrictivas a la libre competencia y el abuso de posición dominante.

La colusión es un delito que consiste en el acuerdo entre dos o más personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero, señala la ley penal colombiana.

“Es sumamente grave que no contemplen dicha prohibición o las previsiones para evitar a los oferentes que conformen o pacten acuerdo en perjuicio de otros, con grave afectación a la libre competencia”, puntualiza la fuente.


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