Las comisiones primeras de la Cámara y el Senado de Colombia aprobaron la Justicia Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar los crímenes del conflicto armado y considerada la columna vertebral de la implementación del acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y las FARC, informaron hoy fuentes oficiales.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, destacó este martes la aprobación de esta iniciativa que delimita las competencias entre la justicia ordinaria y la JEP, y señaló que «quienes comparecen están obligados a contar la verdad. Si no lo hacen se exponen a penas ordinarias», al referirse a la responsabilidad de mando de las FARC y la fuerza pública.
Adicional a esto, el jefe de la cartera política resaltó que esta ley reitera que se permite la participación en política de los integrantes de las FARC.
Al respecto, precisó que los excombatientes de las FARC que «vayan a participar en política tendrán que reiterar su compromiso de comparecer ante la JEP y ofrecer la verdad».
Claudia López, del Partido Verde, aseguró que pese a que ha apoyado el proceso de paz, es elemental que los excombatientes “hagan un compromiso de someterse a la Justicia Especial para la Paz. Estoy segura que todos los colombianos, quienes apoyan el proceso y quienes votaron por el Sí, preferirían tener esa garantía antes de que los señores de las FARC hagan política”.
Tras la aprobación en las comisiones primeras, la JEP deberá ahora ser debatida en la plenaria de ambas corporaciones.
En el debate, que terminó al filo de la medianoche, se votaron artículos relacionados con amnistía, procedimiento y la delimitación entre la JEP y la justicia ordinaria, entre otros.
Proponen eliminar artículo de la JEP que vulneraría derechos ciudadanos
Son varios los artículos que han generado polémica como parte de la discusión de la ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz, que surtió ya su primer debate, entre ellos, uno que vulneraría los derechos ciudadanos por parte de los magistrados de este órgano al practicar pruebas o mecanismos como allanamientos, entre otros.
Así lo señaló en RCN Radio el ponente de esta iniciativa, el representante a la Cámara Hernán Penagos, quien dijo que el artículo 98 de la norma debe ser eliminado.
Según el legislador, “propusimos la eliminación del artículo porque es ambiguo, ya que los magistrados de la JEP pueden limitar los derechos ciudadano para efectos de practicar pruebas o allanamientos y por eso es necesario corregirlo o eliminarlo”.