Caracas (Venezuela), 29 jun. El Ministerio Publico ha imputado este jueves al general Antonio Benavides Torres, exjefe de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por la presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en las recientes manifestaciones. Torres había comandado este cuerpo militar hasta el 20 de junio cuando fue removido por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para presidir el Gobierno del Distrito Capital.
El general había comandado la GNB hasta el 20 de junio. Ese día fue removido de su cargo para ser designado como jefe del Gobierno del Distrito Capital, una instancia creada en 2009 por el expresidente Hugo Chávez que restó competencias a la opositora Alcaldía Metropolitana de Caracas. Hace dos años, Benavides Torres fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos por comandar las represiones contra manifestantes en 2014.
La violencia ha escalado otro nivel en Venezuela. El miércoles, cinco hombres murieron producto de agresiones sufridas durante las protestas en este país suramericano. El número de muertes se ha incrementado a 81 en 90 días de manifestaciones contra el régimen de Maduro. Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Zavatti, Isael Jesús Macadán, Roberto Durán, Víctor Betancourt y Luigin Paz. Todos fueron asesinados el miércoles en diferentes manifestaciones, menos Zavatti que murió ese día después de agonizar en un hospital de Caracas por un disparo de bala en la cabeza que había recibido durante una protesta ocurrida el martes en el barrio de Petare (Estado de Miranda).
Macadán, de 18 años de edad, también fue asesinado de dos tiros cuando quedó atrapado en un saqueo en Barcelona, capital del Estado de Anzoátegui (oriente venezolano). El Ministerio Público ha informado de que dos hombres, Rafael José Ramírez y Tomás Julio Martínez, están detenidos por la muerte del joven. Durán, padre de dos niños, ha fallecido producto de un disparo en el pecho en Barcelona, capital del estado de Anzoátegui, en un disturbio; mientras Betancourt y Paz han muerto atropellados en la manifestación convocada por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que había consistido en trancar calles de Venezuela.
23 asesinatos ocurridos en estos tres meses de protestas son atribuidos a militares. Once días atrás varios funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mataron a un adolescente, Fabián Urbina Barrios, tras desenfundar sus armas de fuego para atacar a manifestantes en Altamira, al este de Caracas. Aunque estos crímenes han sido condenados por el Gobierno de Maduro, no ha parado la represión contra opositores.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha advertido un posible aumento de las embestidas del régimen en los próximos días después de la reciente aprobación de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (controlado por Maduro) que resta competencias al Ministerio Público para concederlas al chavista Tarek William Saab, defensor del Pueblo. “Esa sentencia quizás es para acomodar decisiones que interesen a un grupo o a un sector, alguien quiere investigaciones penales a su medida… Ahora, por supuesto, la represión irá en aumento. ¿Esta sentencia será acaso para justificar la violación de los derechos humanos?”, ha dicho el miércoles en una rueda de prensa.
Más de la mitad de las muertes ocurridas en las manifestaciones han sido ocasionadas por armas de fuego, otras por bombas lacrimógenas disparadas por oficiales contra manifestantes. El gobierno ha culpado constantemente a la oposición de varios crímenes, pero en muchos ha quedado comprobado que los responsables son agentes de los cuerpos policiales o militares.
Un crimen emblemático en este sangriento conflicto ha sido el de Juan Pablo Pernalete, un estudiante de Economía de la Universidad Metropolitana de Caracas, que ha fallecido a finales de abril como consecuencia del impacto de una bomba lacrimógena sobre su pecho. En principio, el régimen había indicado que su muerte se produjo por un disparo proveniente de una pistola de perno cautivo. Pero la autopsia practicada a su cadáver ha desmentido esta versión oficial.
Para Ortega Díaz este tipo de asesinatos pudieran multiplicarse de acatarse el dictamen del Supremo que otorga atribuciones de la Fiscalía a la Defensoría del Pueblo. “Le entregan la investigación de los derechos humanos posiblemente a quienes violan los derechos humanos. ¿Ustedes creen que habrá una investigación penal, seria e imparcial, en los términos legales establecidos en esta sentencia?”, explica.
Disturbios
Las protestas se han convertido en disturbios en muchos barrios de Venezuela. La noche del miércoles cinco sectores populares de Caracas se alzaron contra los militares. Dos tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana rompieron cercas de edificios y ocasionaron otros destrozos en Caricuao, al oeste de la capital, la noche del miércoles. Versiones de varios vecinos coinciden en que hubo enfrentamientos armados en esta manifestación. Se ha conocido que, al menos, cuatro personas han resultado heridas en este conflicto. Otras zonas, antiguamente chavistas, también han reportado revueltas en los dos últimos días.
Muchas manifestaciones se han concluido en saqueos a comercios con pérdidas financieras incalculables hasta ahora. Los pobladores de Maracay, capital del estado de Aragua (centro de Venezuela), han permanecido en vilo tras varios saqueos sucedidos esta semana. Por el derrame de sustancias biológicas de alto riesgo en un laboratorio robado en el sector Las Delicias se ha declarado este jueves una cuarentena ante la posible propagación de agentes infecciones que ocasionan enfermedades como tuberculosis, encefalitis equina, brucelosis y leptospirosis.
