La Fiscalía anunció este martes que imputará 20 cargos por delitos de corrupción al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus.
De acuerdo con las pesquisas, las irregularidades atribuibles a Lyons superan los $10.000 millones y habrían sido cometidas en el manejo del sistema general de regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología.
También anunció cuáles son los otros nueve frentes en los que continúan las investigaciones.
“Asuntos relacionados con el manejo de las regalías, salud pública, inversión en la primera infancia, programas de acueducto, de algunos homicidios que nos conmovieron y requerían la priorización por parte de la Fiscalía”, declaró el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
Uno de esos asesinatos fue el de Jairo Zapa Pérez, quien era director de la oficina de Regalías en Córdoba. Las coincidencias entre la posible relación de Lyons y el homicidio saltan a la vista.
En enero de este año, la Fiscalía informó las capturas de Luis Vega González, representante legal de Conif; Juan Gualdrón Rueda, representante legal de la Corporación Zeta; y José Benjumea Simancas, exdirector de Regalías (2015) y quien oficiaba en ese momento como director de Planeación de la Gobernación.
“Por su presunta responsabilidad en las anomalías que se habrían presentado en la ejecución de unos convenios de ciencia y tecnología, así como en otros proyectos agroforestales y piscícolas”, detalló.
Detonante del crimen
En el comunicado emitido tras los arrestos, la Fiscalía dejó en claro que “la contratación en Ciencia y Tecnología habría sido el detonante para el homicidio” de Zapa.
Las sospechas radican en dos convenios de 2013, época en que la víctima dirigía la Oficina de Regalías.
Uno es el 733 por $16.018 millones para “la aplicación de ciencia y tecnología e innovación en carneros para mitigar efectos del TLC”, del que fueron consignados $11.000 millones.
El otro es el 734, relacionado con el corredor agroecológico Córdoba – La Guajira. Del total de $47.561 millones que costaba, se desembolsaron $29.021 millones.
Es decir, de más de $60 mil millones que sumaban los proyectos, se pagaron al menos $40.000 millones.
A esas mismas pesquisas están vinculados el asesor científico y excontratista de la Gobernación de Córdoba, Jesús Henao Sarmiento, y el subdirector de Regalías, Maximiliano García Bazanta.
“Henao era el eje central de todos los adjudicatarios de los convenios de Ciencia y Tecnología de la misma Oficina”, señaló la Fiscalía.
Ambos están detenidos desde mayo de 2014 por su presunta participación en la desaparición forzada de Zapa, cuyo extravío fue reportado el 27 de marzo de ese año.
El cadáver fue hallado el 4 de agosto siguiente en zona rural de Pueblo Nuevo, enterrado en una fosa común cerca de una finca de Alejandro Lyons De la Espriella, padre del entonces gobernador.
También están acusados y afrontarán un juicio Jesús Albeiro Torres Redondo, hombre de confianza de Henao; Carlos Alberto Pérez Escobar, abogado y primo de la víctima; Joice Rafael Hernández Muñoz, exparamilitar y confeso homicida, y Zuan Naydu López Acevedo, pareja de Hernández.
“En Córdoba la corrupción se manchó de sangre, lo que pone en evidencia la existencia de una peligrosa criminalidad, que en su afán de apropiarse de lo público no respeta ni la vida ajena”, aseguró el fiscal Martínez en la rueda de prensa.
Otras irregularidades que investigan
Martínez enfatizó en que los presuntos detrimentos en Córdoba tuvieron como punto de partida los millonarios recursos que maneja este departamento, cuyo índice de pobreza supera “casi en un 100%” el promedio nacional.
“Los ingresos para los años 2015 y 2016 superaron el billón y medio de pesos ($1.5 billones); además, recibió regalías para los mismos años por $640 millones”, cuantificó.
Por eso adelantó que habrá una segunda fase de la investigación sobre regalías. Pero también se indagan posibles detrimentos en:
– El manejo de recursos girados al Resguardo Sotavento por el Ministerio de Hacienda, en 2010 y 2011. Se investiga la posible y apropiación de $825.034.844 que no fueron invertidos en esa población.
– La construcción del Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora.
– La construcción y remodelación de la Villa Olímpica de Montería.
– La ejecución del contrato de obra para la construcción del ‘Puente Valencia’ sobre el Rio Sinú, en el municipio de Valencia, y la realización de obras de protección ambiental.
– El pago de tratamientos, medicamentos y terapias basadas en neuro desarrollo.
– El manejo de regalías en el municipio de San Antero.
– Fundaciones de papel creadas con el propósito de apropiarse irregularmente de los recursos de la población discapacitada de Montería.
