Bogotá, 24 ene (EFE).- El Ministerio del Interior de Colombia rechazó hoy las amenazas y homicidios de las que fueron objeto líderes sociales del país el año pasado.
En un comunicado, ese despacho reiteró «el rechazo ante la situación que se ha presentado en relación con las amenazas y homicidios de las que han sido víctimas diferentes líderes sociales del país».
A lo largo de 2016, más de 70 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia, igualando así el récord de víctimas de 2013, según datos de la ONG Somos Defensores.
Sin embargo, este martes el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció que el número de homicidios de defensores ascendió a 117 el año pasado.
Sobre estos hechos, «las instituciones del Estado se encuentran adelantando todas las acciones necesarias para proteger la vida de cada uno de los colombianos y no se ahorrará ningún esfuerzo en esta materia», indicó el Ministerio.
Asimismo, precisó que «de acuerdo con las estadísticas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos, fueron 64 los líderes que, lamentablemente, fueron asesinados durante 2016, siendo los departamentos de Cauca, Antioquia y Norte de Santander los más afectados».
El defensor del pueblo colombiano, Carlos Alfonso Negret, pidió el pasado 17 de enero mejorar las medidas de protección de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos en el país y advirtió que las muertes de integrantes de estas organizaciones constituyen «un atentado contra el derecho a la paz».
Ese día las autoridades colombianas dieron a conocer la muerte violenta de la defensora Emilsen Manyoma y su esposo, Javier Rodallega, cuyos cuerpos fueron hallados en una zona rural de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste).
El asesinato de Manyoma y de Rodallega fue rechazado por el Movimiento Ciudadano Voces de Paz, agrupación política de origen ciudadano que sirve de plataforma para impulsar el partido político de las FARC, guerrilla que firmó un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano el pasado 24 de noviembre.
Por su parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aseguraron que las dos muertes fueron cometidas por un desertor de esa guerrilla y afirmaron que se trata de un hermano de la activista.