Bogotá, 13 jul.- La investigación y rescate del galeón español San José, hundido frente a las cosas de Cartagena de Indias en el siglo XVIII, es «supremamente costosa» por lo que es necesario una alianza con una empresa privada ya que «no existen recursos» para hacerlo, informaron hoy fuentes oficiales.
«Todos los procesos de investigación científica son supremamente costosos, cuando son en el mar son mucho más que en tierra. La Asociación Público Privada (APP) permite la vinculación de capital privado que entra a su cuenta y riesgo en la operación y la permite y viabiliza», explicó en un encuentro virtual el jefe jurídico del Ministerio de Cultura, Juan Manuel Vargas.
El funcionario detalló que «de otra manera sería imposible» puesto que para «adelantar una operación de este ámbito» no existen recursos.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el pasado 5 de julio que se rescatará el galeón español San José mediante una APP.
Entonces, detalló que ya cuentan con una propuesta «que cumple con los más altos estándares científicos, tecnológicos y financieros requeridos para el conocimiento del patrimonio cultural».
Asimismo, indicó que la alianza se hará «con un inversionista que se acoja» a sus condiciones y garantice «un proceso totalmente respetuoso con los valores históricos y patrimoniales del galeón, hundido por corsarios ingleses en 1708 con un cargamento de piedras y metales preciosos y hallado el 27 de noviembre de 2015.
Mañana se llevará a cabo en Cartagena la audiencia pública a la que asistirán los interesados en formar la alianza con el Estado.
A esa audiencia acudirán quienes se han inscrito previamente y «básicamente» se hará un «ejercicio de evaluar las propuestas» que presenten, según Vargas.
Una vez sea aprobada, la propuesta pasará al Ministerio de Hacienda, al Departamento Nacional de Planeación (DNP), y cuando tenga el visto bueno, pasará al Consejo de Ministros para que le den la luz verde definitiva.
El galeón San José fue construido en 1696 por el vasco Pedro de Aróstegui en los astilleros de Mapil, en Usúrbi (España).
Tras el hallazgo, España ha reclamado derechos sobre el galeón ya que era un «barco de Estado» y como tal cuenta con inmunidad soberana, reconocida por el convenio de Naciones Unidas de derecho del mar.
Vargas también hizo mención a la ley que el Gobierno colombiano publicó el 30 de julio de 2013, la 1675, aprobada por el Congreso, que tiene por objeto «proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido».
Según dicha ley, hacen parte de ese patrimonio todos los restos que estén en aguas colombianas, incluidas «las especies náufragas constituidas por las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la causa de la inmersión, hundimiento o naufragio».
Esa ley recoge que «no se considerarán patrimonio cultural sumergido» las «cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas», así como los «bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes».
En este sentido, Vargas destacó que «todos los elementos sumergidos inicialmente se presumen son patrimonio cultural, en la medida en que el Consejo Nacional de Patrimonio los evalúe y determine cuáles son y cuáles no».
«Los que no son patrimonio podrán entrar al circuito económico como bienes de cambio como fueron en su momento», concluyó.
En caso de que haya «bienes repetidos», tales como monedas o lingotes, se «puede hacer muestra representativa de los bienes y el resto ponerlos en circulación nuevamente», agregó Vargas. EFE
