En un mensaje a la nación a través del canal de Gobierno, el mandatario argumentó que tomó la decisión de expulsar al jurista porque «se excedió en sus funciones» y presionó a diputados por diferentes medios para que aprobaran reformas constitucionales usurpando las funciones del Congreso contempladas en la Constitución.
Morales agregó que el comisionado «también se excedió al hacer acusaciones a guatemaltecos utilizando los medios para presionar a los encargados de impartir justicia para resolver de manera contraria a lo que establece el ordenamiento jurídico».
El mandatario sostuvo que su decisión no es por motivos personales, pese a que Velásquez y el Ministerio Público pidieron la semana pasada que se le levante la inmunidad para investigarlo por presuntamente recibir financiación electoral ilegal en la campaña de 2015.
«Reitero con toda vehemencia que no actúo por motivos personales», dijo Morales, y resaltó que como presidente no ha intervenido por ningún caso ni ante la Cicig ni ante el Ministerio Público.
El próximo 30 de agosto se inicia el juicio por corrupción a su hijo José Manuel Morales y su hermano Samuel Morales y otros exfuncionarios y particulares en el caso denominado «Botín Registro de la Propiedad».
Al reiterar su decisión de expulsar al jurista colombiano -que ha recibido hoy amplio respaldo nacional e internacional por su labor-, el presidente pretende desconocer la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), que horas antes otorgó un amparo y dejó en suspenso provisional la salida del país de Velásquez.
Explicó que durante el viaje que realizó el pasado viernes a la sede de la ONU en Nueva York, habló con su secretario general, António Guterres, de que la Cicig se apegue a su mandato, del cual el comisionado «se está alejando».
«La Cicig debe apoyarnos en materia de seguridad regional» porque «estoy convencido de que (ese organismo) es necesario e indispensable para el desarrollo económico y social y para el combate a la impunidad y la corrupción en Guatemala», afirmó.
El mandatario guatemalteco hizo un llamado a la comunidad internacional a fortalecer el ente de las Naciones Unidas que se estableció en el país en 2007, porque «los funcionarios son pasajeros y las instituciones son permanentes».
Morales sostuvo en su mensaje que la Constitución de su país «es clara y tajante» de darle al presidente la dirección de la política exterior y que «ningún tribunal nacional tiene el respaldo constitucional para injerir en las decisiones del Presidente en dicha política».
«Solicito a la comunidad internacional que siga fortaleciendo a la Cicig, al Ministerio Público y a toda instancia que tenga relación con la justicia», dijo.
La decisión del mandatario de expulsar a Velásquez motivó la renuncia de su ministra de Salud, Lucrecia Hernández, y sus dos viceministros, por considerar que el presidente está «a favor de la impunidad y de los sectores corruptos del país», según su carta de dimisión.
Antes había sido removido fulminantemente el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, y su viceministro, Carlos Martínez, supuestamente por no acatar la orden presidencial de expulsar «de inmediato» del país al jurista colombiano.
La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, que amenazó con renunciar si se expulsa al comisionado de la Cicig, se mantiene en el cargo esperando la decisión final de la Corte de Constitucionalidad, mientras la Unión Europea y Estados Unidos han advertido que tendrá consecuencias para Guatemala si se llega a ese extremo.
