Un grupo de expertos de Naciones Unidas acusó al gobierno de Nicaragua, y específicamente al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que constituyen «crímenes de lesa humanidad», según un informe publicado este jueves (02.03.2023) en el que reclamó sanciones internacionales.
El documento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua menciona, entre esas violaciones y abusos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, y privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país. El texto hace un llamado a la comunidad internacional a emprender acciones legales contra los responsables de esas violaciones y a incrementar las sanciones.
«Se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos», afirmó el experto independiente Jan Simon. «La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio gobierno pueda tomar en su contra», agregó.
Crímenes continúan
Simon acusó al gobierno nicaragüense de «instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para implementar un marco legal tendiente a reprimir» las libertades fundamentales y «eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país». Según el grupo de expertos, Ortega y Murillo cometieron estos crímenes y continúan haciéndolo.
El informe apunta que la policía nacional y grupos armados progubernamentales, de forma coordinada, incurrieron en un patrón de ejecuciones extrajudiciales durante las protestas de 2018. Además, acusa a agentes de la policía, funcionarios penitenciarios y a miembros de grupos armados progobierno de cometer actos de tortura, incluida la violencia sexual, durante los interrogatorios y la detención de opositores.
El grupo de expertos es un organismo independiente creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas violentamente reprimidas con un saldo de 355 muertos y cientos de detenidos.
