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Por escándalo de corrupción en España indagan contratos en Triple A, Metroagua y Asaa


La Procuraduría General de la Nación (PGN) dio a conocer la apertura de una indagación a la contratación del grupo español Canal de Isabel II en Colombia, donde a través de su filial Inassa es socio mayoritario de la empresa Triple A en Barranquilla y Metroagua de Santa Marta, participa en Asaa de Riohacha y tiene un contrato de consultoría en Providencia y Santa Catalina.

Inassa tiene participación accionaria en empresas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, entre las que se encuentran Triple A, Metroagua y Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado (Asaa)”, señala el Ministerio Público en un comunicado.

El comienzo de la investigación se produce tras conocerse que, en España, las autoridades de ese país capturaron el martes a 12 personas en una operación anticorrupción.

Las pesquisas se centran en las operaciones realizadas por Canal de Isabel II durante la presidencia de Ignacio González González (2003 – 2012), quien fue uno de los detenidos junto con su hermano Pablo González, directivo de la también empresa pública española, Mercasa.

En el operativo fueron arrestados además María Fernanda Richmond, ex directora financiera de Canal, y Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, filial del grupo para los negocios por fuera de España, y quien fuera presidente de la junta directiva de Triple A.

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Rodríguez fue destituido a mediados del año pasado por orden de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, luego de conocerse su vinculación al caso ‘Papeles de Panamá’ o ‘Panamá Papers’, y de que habría ejecutado una millonaria operación de evasión de impuestos.

«Salvaguardar el patrimonio público»

La Procuraduría justifica su decisión “ante los hechos conocidos públicamente relacionados con los actos de corrupción de Canal de Isabel II, quien tenía a su cargo la gestión del ciclo integral del agua en la comunidad de Madrid y extendió su operación a Latinoamérica por medio de Canal Extensia, que a su vez adquirió el 81.24% de las acciones de Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.), con sede en Barranquilla”.

Las indagaciones estarán a cargo de las procuradurías delegadas disciplinarias, para que establezcan si los actos de corrupción de Canal de Isabel II incluyen hechos irregulares en sus operaciones en el país.

A fin de salvaguardar el patrimonio público que pueda verse en riesgo por actos de corrupción, como quiera que se trata de empresas que, si bien son reguladas por el derecho privado, administran recursos públicos”, advirtió la PGN.

“Socios locales”

La composición accionaria de Triple A es Inassa (82.16%), Alcaldía de Barranquilla (14.5%) y otros (3.34%.); y en Metroagua, Inassa (35%), el Distrito de Santa Marta (28%) y Termotécnicas y Eléctricas de Medellín (33%).

“En el municipio de Providencia y Santa Catalina la operación del servicio se presta de forma directa. La Alcaldía suscribió con Findeter un contrato de consultoría especializada para la gestión del servicio de acueducto, el cual se ejecutará por parte del Grupo Inassa”, explica la PGN.

De acuerdo con la información publicada por Canal de Isabel II en su página web, Inassa fue constituida en septiembre de 1996 con el objeto de invertir y/o gerenciar “toda clase de sociedades incluidas las empresas prestadoras de servicios públicos o en aquellas que realicen actividades relacionadas o complementarias con las mismas (…)”.

Canal de Isabel II posee el 81% de las acciones de Inassa, a través de su otra filial Canal Etensia. El resto pertenece “a socios locales”.

Y muestra una estructura organizativa conformada por Germán Sarabia Huyke, Diego García Arias, Luis Gonzalo González García, Luis Nicolella de Caro, Nelson Polo Carbonell, Alberto Muguiro Eulate y Canal Extensia.

¿Qué dice Triple A?

En un comunicado, la empresa barranquillera señaló que “los sucesos acontecidos en Madrid, España, y que han generado la detención de varias personas, son el resultado de las investigaciones dirigidas por la fiscalía de ese país, ante las solicitudes planteadas, entre otros, por Canal de Isabel II”.

“Las decisiones de las autoridades españolas tienen que ver con operaciones corporativas en España y en países de Latinoamérica, cuyo origen se remonta a hechos acontecidos entre los años 2010 al 2013, y no se asocian con Triple A de Barranquilla”, añade.


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