En manos de consorcios investigados están millonarios recursos de Cartagena


Son 3 mil millones de pesos los que la Alcaldía de Cartagena tiene en proceso de contratación con seis consorcios y contratistas investigados por la Fiscalía.

Así lo advierte la veeduría ciudadana Funcicar, ente de vigilancia y control.

Estas contrataciones serían para realizar obras en 30 instituciones educativas oficiales de la ciudad.

El proceso de contratación fue convocado por la Unidad Asesora de Contratación, y tuvo cinco proponentes: 4 consorcios y 1 unión temporal que están conformados por 12 empresas y personas naturales.

No obstante, Funcicar identificó que dos de las empresas contratistas, tienen investigaciones penales en la Fiscalía por presunto detrimento patrimonial en la ejecución de contratos con Cardique y otras cuatro que tienen registro de investigaciones fiscales en la Contraloría por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos públicos.

En ese marco, uno de los proponentes es el ´Consorcio Colegios 2019´, cuyo representante legal es Gustavo Enrique Cardona, quien además de ser investigado por los contratos celebrados con Cardique, es el mismo proponente cuestionado por presunto detrimento en las obras del Canal Emiliano Alcalá, de Cartagena.

Otro proponente con investigaciones penales es el Consorcio ‘IE Cartagena 2019’, donde Edilberto Julio Padilla es integrante y quien también fue vinculado por la Fiscalía al proceso contra 21 contratistas que ejecutaron de manera irregular más de $15 mil millones en contratos celebrados con esa Corporación Autónoma.

Los otros cuatro oferentes tienen registro de investigaciones en la Contraloría Departamental de Bolívar y del Atlántico por presuntas inconsistencias en la construcción de obras públicas.

El próximo lunes 7 de octubre a las 9:00 a.m. se realizará la audiencia de adjudicación en la que se seleccionará al contratista que ejecutará los más de $3 mil millones destinados para estas obras.

Pese a que estas investigaciones no inhabilitan a los contratistas, generan dudas sobre las competencias de los proponentes para asegurar la calidad de las obras.


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