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El futuro del veto migratorio de Donald Trump, en manos de los jueces


Fue un poco como un episodio de una película de tribunales de ésas que tanto gustan a Hollywood. Pero con algunas diferencias: no había imagen, sino solo audio, y los diálogos eran extremadamente técnicos. La mayor discrepancia con el cine, obviamente, es que esta vez se trata de una discusión legal muy real. Lo que estaba en juego era la controvertida Orden Ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe la entrada por tres meses de personas de 7 países de mayoría de población musulmana, y por 4 meses la concesión de visados de refugiado. En el caso de Siria, la suspensión de los permisos de entrada a refugiados es indefinida.

Así fue la retransmisión en streaming de la audiencia del recurso presentado por el Gobierno de EEUU para que la suspensión de la Orden Ejecutiva decretada el sábado se anule, y la prohibición de entrada de esas personas vuelva a entrar en vigor. Un taquillazo. La vista oral fue ‘trending topic’ número uno en el canal de vídeos YouTube, y en la red social Twitter.

La vista fue telefónica, en un tribunal de Seattle, en el estado de Washington, en el extremo noroeste de EEUU, en la frontera con Canadá. El tribunal estaba formado por tres jueces – que se encontraban en Arizona, Hawai, y California -, y se celebraba formalmente en esa ciudad porque había sido un magistrado de Seattle quien ordenó la paralización inmediata de la Orden.

Aunque se espera que los jueces dicten sentencia entre hoy y pasado, el intercambio entre las dos partes fue ilustrativo de los argumentos en el debate. El representante del Departamento de Justicia era August Fletje, del bufete Jones Day. Frente al Departamento de Justicia estaban los estados de Washington y Minnesota, que son los que han desafiado en esa jurisdicción la orden presidencial. Los representaba Noah Purcell, el equivalente del jefe de los abogados del estado del primero de esos estados. En apoyo de las tesis de Purcell han acudido cerca de cien empresas tecnológicas, además de varios antiguos altos cargos de EEUU, incluyendo a los ex secretarios de Estado demócratas Madeleine Albright y John Kerry.

Fletje defendió una idea bien conocida desde la época del Gobierno de George W. Bush: que el presidente tiene plena potestad para adoptar las medidas que decida necesarias en materia de seguridad nacional. Es una tesis similar a la que permitió las cárceles secretas y el uso masivo de la tortura, pero que no acabó de cuajar con los tres magistrados, dos de ellos nombrados por presidentes demócratas (Carter y Obama) y un tercero por el republicano George W. Bush. Fletje también insistió en que los estados no tienen competencias en esta Orden.

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Pero los jueces – y en particular el republicano, Richard Clifton – desmontaron sus argumentos rápidamente al centrarse en la Orden y no en lo que calificaron como tesis «bastante abstractas». Algo mejor le fue a Purcell, quien tuvo un intercambio con Clifton le preguntó cómo puede ser posible que la Orden sea «antimusulmana», si solo afecta a «menos del 15%» de los practicantes de esa religión en todo el mundo. El abogado de Washington y Minnesota recordó las declaraciones de Trump y sus asesores sobre el Islam, a lo que Fletje saltó acusándole de basar su defensa en informaciones de los medios de comunicación.


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