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Para el proceso electoral, ¿regresa el requisito de firma y huella?


El Consejo Nacional Electoral adoptó la medida de exigir firma y huella en las elecciones del 27 de octubre, en las que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejos, asambleas y JAL.

En el pasado ya se habían adoptado estas medidas, sin embargo, ésto implicaría cambios en el formulario E-11.

El registrador, Juan Carlos Galindo, señala que el Gobierno no ha garantizado los recursos y que volver a ese requerimiento es un inconveniente para el proceso de votación.

Esta situación ha provocado un choque entre la Registraduría y el CNE.

Debido a que la inclusión de un espacio para huella y firma en el E-11 causaría una mayor permanencia de los votantes en las mesas, por tanto, habrían más filas y dificultades en el proceso electoral.

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En ese mismo sentido, el Registrador señala que habría que aumentar el número de mesas de votación de 108.500 a 125.000 y que el formulario E-11 ya no tendría siete hojas sino 37.

Para Galindo, el mecanismo idóneo para evitar la suplantación de electores es la biometría e indica que en marzo pasado se le solicitaron los recursos al Ministerio de Hacienda para contar con al menos 100.000 puestos, lo que cuesta $517.503 millones.

Pero el CNE rebate varios de los argumentos de Galindo y cuestiona, incluso, la capacidad de la Registraduría para garantizar el derecho al voto en caso de que se dé una votación que supere la abstención, si se mantiene bajo la premisa de que se necesitaría más tiempo por votante.

En cuanto al aumento de mesas de votación y de hojas del E-11, el CNE anota que el argumento no tiene en cuenta que el único mecanismo actual para prevenir la suplantación está en cabeza del jurado de votación, que solo es superado por las estaciones biométricas.

Detrás de este choque, lo preocupante es que los ciudadanos y las fuerzas políticas sientan que no hay garantías en el proceso electoral.

Por tanto, el magistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez, plantea la conformación de una mesa técnica entre el Gobierno y las autoridades electorales para llegar a un acuerdo y brindar un proceso electoral transparente para todos.


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