El subsecretario adjunto de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Fitzpatrick, afirmó en rueda de prensa especial dedicada a Venezuela este martes que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro «ha decido una vez más cambiar las reglas a mitad de juego».
«Las acciones que fueron adoptadas el día de ayer podrían darnos nuevas razones para considerar sanciones adicionales individualizadas bajo la Ley de Democracia de Venezuela de 2014», añadió Fitzpatrick en referencia a las sanciones que la Administración del expresidente Barack Obama impusiera a los funcionarios venezolanos el 18 de diciembre de 2014.
Maduro firmó el pasado lunes un decreto para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El mandatario venezolano busca lograr la paz para el país y «derrotar el golpe fascista», así como «perfeccionar el sistema económico, social y político del pueblo». El anuncio se da entre protestas por parte de sectores de oposición.
A su vez Fitzpatrick manifestó, durante la rueda de prensa sobre Venezuela, que están «profundamente preocupados por la motivación de esta Asamblea Constituyente que sobrepasa la voluntad del pueblo venezolano y además erosiona la democracia venezolana».
El subsecretario asimismo criticó la decisión soberana del Gobierno bolivariano de retirar a Caracas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y consideró que ello podría conllevar «un mayor aislamiento» del país.
Sanciones contra Venezuela
El pasado mes de febrero el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. El alto funcionario fue incluido en una lista de personas con supuestos vínculos con el narcotráfico de la Oficina de Control de Activos estadounidense. El Aissami argumentó, en comunicado publico, que la decisión en su contra «constituye una grave violación» a sus derechos humanos y «lesiona gravemente» su dignidad y honor.
En marzo de 2015, la Administración Obama impuso sanciones contra siete funcionarios militares de Venezuela, declarando que el país representaba una «amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política exterior estadounidenses». Decisión que el Ejecutivo latinoamericano calificó como «el paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado contra Venezuela».
