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Dos presidentes de Reficar, entre 8 llamados a imputación por presunto fraude de $610 mil millones


La Fiscalía dio a conocer este jueves los primeros resultados de la investigación por presuntos sobrecostos en la contratación y los trabajos para la megaobra de remodelación de la Refinería de Cartagena (Reficar).

«Se ha identificado un peculado por más de $610.000 millones«, indicó el fiscal Néstor Humberto Martínez, en rueda de prensa en Bogotá.

Los llamados a imputación son los presidentes Orlando Cabrales Martínez (2009-2012) y el venezolano Reyes Reinoso Yañez (2012-2016); el vicepresidente jurídico de Reficar, Felipe Laverde Concha (2009-2017); Pedro Rosales Navarro, vicepresidente ejecutivo del downstream Ecopetrol (2008), Nicolás Isaksson Palacios, líder del grupo legal de Reficar (2913-2917), y Carlos Lloreda Silva, revisor fiscal de Reficar(2013-2015).

También Philip Kent Asherman, representante legal de la firma Chicago Bridge & Iron Company (CB&I) en 2010, y Massoud Deidehban, director de proyectos y representante Legal de CB&I (2009).

De acuerdo con la información, se les atribuyen los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos.

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«Se establecieron serias irregularidades ocurridas en los 12 años de desarrollo del plan de modernización de la Refinería de Cartagena, que van más allá de simples problemas de planeación operativa o financiera«, agregó Martínez.

La Fiscalía halló indicios de que los directivos de Reficar y las empresas contratadas incurrieron en el pago de facturas que habían sido previamente rechazadas o no fueron validadas por el supervisor del contrato. “Son cobros irrazonables, desproporcionados y sin ninguna relación con el proyecto”.

Los sobrecostos e irregularidades se habrían presentado en la facturación de bienes o servicios no prestados al proyecto, subcontrataciones no autorizadas por Reficar, gastos suntuosos y extravagantes no relacionados con el proyecto, pago duplicado de costos y pago de equipos que no prestaron servicio.

«Se hicieron pagos, bajo diferentes modalidades, que han afectado el patrimonio de la Nación», afirmó el fiscal. “Se evidenció un uso generoso de la chequera pública”.


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