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Corte Constitucional ordena consulta previa para actividad minera de Gran Colombia Golden en dpto de Caldas


Bogotá, 28 feb (EFE).- La Corte Constitucional colombiana ordenó hoy que se realice una consulta previa a la comunidad del municipio de Marmato (noroeste) para dirimir si la minera canadiense Gran Colombia Gold puede seguir explotando los recursos de la zona, situación que generó tensiones con los mineros locales.

Según explicaron a Efe fuentes de la Corte Constitucional colombiana, la sentencia, que se publicará a lo largo de esta semana, obliga a Gran Colombia Gold a hacer una «consulta previa» a la población caldense de Marmato sobre la continuidad de la actividad de la empresa en la zona.

La sentencia pone punto final al pleito que llevaba diez años, cuyo debate jurídico estaba en definir quién tiene la razón frente a la explotación de oro en la mina Villonza en la parte alta del cerro El Burro.

«El fallo favorece a todas las comunidades de la zona que estaban en conflicto con la empresa canadiense. Suspende el desalojo de las comunidades étnicas o indígenas asentadas en la zona de explotación», agregaron las mismas fuentes.

En el municipio de Marmato alrededor de 5.000 familias viven de la minería artesanal que supone que el 80 % de la economía de la zona, actividad que según advierten los vecinos se ha visto gravemente afectada tras la llegada de la empresa.

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Hace una década los habitantes de esta localidad iniciaron un pleito jurídico contra Gran Colombia Gold, por el dominio de la minería en la parte alta del cerro El Burro, que según denuncian, compró los derechos de explotación de esas pequeñas minas artesanales, las cerró y derribó sus molinos.

«Iniciaron un proceso de exterminio de la pequeña minería de la zona y terminaron creando un problema social gravísimo sometiendo al pueblo casi a una hambruna que por suerte no se prolongó», explicó a Efe el presidente de la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato, Rubén Darío Rotavista.

El líder minero indicó que la empresa compró licencias a mineros locales a un precio «muy bajo» para cerrar estas pequeñas explotaciones y aguardar a que el conjunto de la montaña se revalorizase en los mercados internacionales.

Asimismo, Rotavista reconoce que a lo largo de sus reivindicaciones, los mineros tomaron «algunas malas decisiones» al actuar «por la vía del hecho», sin embargo argumenta que la compañía «no les dejó otra opción».

En su página web, la compañía indica que el «Proyecto Marmato» contiene recursos estimados de aproximadamente 14 millones de onzas de oro.

El pulso entre los mineros artesanales y la multinacional empezó en 2008 con una acción de tutela, sin embargo, el primer «round» favoreció a la minera canadiense y en septiembre de 2010, mediante resolución de la Agencia Nacional de Minería, se ordenó el desalojo de una parte de los pobladores de Marmato, señalaron medios locales.

Sin embargo, esta decisión no fue ejecutada por las entidades territoriales que argumentaron la existencia de una problemática social y económica que se agravaría con el desalojo de los mineros artesanales.

Según el Alto Tribunal, el título minero en poder de Mineros de Occidente, filial de Gran Colombia Gold, pone en riesgo la subsistencia económica de los mineros artesanales y de las comunidades negras de la zona, por lo que ordena a varias administraciones nacionales y regionales a participar en un proceso de consulta a las comunidades sobre la cesión del título minero.

«Estamos felices, estampábamos muy a la expectativa de lo que pudiera pasar con el fallo», dijo Rotavista, quien no obstante alertó que ahora la compañía canadiense amenaza con iniciar un «reclamo» (demanda) contra el Gobierno colombiano por 700 millones de dólares por incumplir el Tratado de Libre Comercio con Canadá.


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