La Contraloría General de la República profirió fallo por $91.133 millones de pesos por la desviación de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que se dio durante la intervención de la EPS Saludcoop, entre 2011 a 2013.
La decisión es un fallo de primera instancia, el cual determinó que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS) en vez de destinarse al aseguramiento del riesgo en salud de los afiliados de Saludcoop, se utilizaron para realizar gastos sin relación de causalidad con el objeto social de la EPS intervenida, tales como pagos a vinculados económicos y contratos de leasing (estos para comprar inmuebles y equipos médicos).
Uno de los usos que tenía que haberse dado a estos recursos, y no se dio, era pagar a las instituciones prestadoras de salud, con las que se tenía una elevada deuda.
La entidad encontró responsables fiscales solidarios a los Superintendentes Nacionales de Salud para la época de los hechos Conrado Adolfo Gómez Vélez y Gustavo Enrique Morales Cobo y quienes actuaron entonces como agentes interventores: Wilson Sánchez Hernández, Mauricio Castro Forero y Guillermo Enrique Grosso Sandoval. Todos los declarados responsables fiscales son objeto de embargo de bienes inmuebles y cuentas bancarias.
