Las medidas cautelares tomadas por el juzgado 75 de garantías de Paloquemao buscan garantizar principalmente los derechos de los habitantes de los municipios aledaños al proyecto hidroeléctrico de Hidroituango.
Así mismo, ayudar en la disminución del daño ambiental que ha generado el proyecto.
El funcionario del despacho decretó como primera medida que se “ampare los derechos a la vida, la salud, mínimo vital, medio ambiente, vida digna, salubridad pública y dignidad humana con ocasión al estado de calamidad pública decretado por la Gobernación de Antioquia”.
En la segunda medida el juez “ordenó la conformación y desarrollo de una mesa técnica con presencia de Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General, Contraloría General de la República, Gobernación de Antioquia, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de salud, Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), EMP e Hidroituango”.
En esta mesa deben participar víctimas del proyecto y expertos en el tema para analizar “la estructura rocosa del lugar donde está ubicado el proyecto hídrico”
También se debe de cumplir con entregas de informes parciales, como mínimo cada 10 días sin que se llegué a superar el término de 60 días.
El plazo para instaurar esta mesa de trabajo es de 5 días.
Por ello, también “se ordena la socialización en audiencias públicas permitiendo la entrada de todos los medios de comunicación nacionales e internacionales”
El juez añadió que las víctimas no solo son las personas cercanas al proyecto. “Las víctimas somos todos los colombianos, porque el medio ambiente nos compete a todos”, dijo y resaltó que la “alerta roja persiste y advierte un gran riesgo”.