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Compra de socia de Triple A y Metroagua por parte de Canal de Isabell II tuvo un “fin defraudatorio”: fiscales


“Presuntamente Alberto Ruiz Gallardón (foto) tuvo el control de la adquisición fraudulenta de Inassa y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González”, afirman los fiscales de la ‘Operación Lezo’ respecto a la movida con la que el Canal de Isabel II comenzó su expansión en Latinoamérica, realizada en 2001.

El portal El Español reveló en días pasados que fiscales anticorrupción de su país, en un escrito dirigido al juez instructor del caso, Eloy Velasco, expresaron sus sospechas sobre las actuaciones de Ruiz, exministro de Justicia, cuando era presidente del Gobierno de Madrid.

Por este proceso la Guardia Civil española ha detenido a 13 personas, incluyendo al expresidente de la junta directiva de Triple A, Edmundo Rodríguez Sobrino, y a Ignacio González, presidente de Isabel II (2003 y 2012).

A través de Inassa, Canal tiene acciones en la Triple A de Barranquilla (82,6%), Metroagua de Santa Marta (35%) y Asaa de Riohacha (40%).

Por medio de su filial Canal Extensia, Isabel II es propietaria del 81% de Inassa. En su página web, la firma barranquillera es definida como “la compañía holding de todo el grupo de empresas en Latinoamérica”. El resto de las acciones pertenece “a socios locales”.

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De acuerdo con El Español, la investigación de la Fiscalía reseñó que el Gobierno de Madrid autorizó la constitución de Canal Extensia como una ‘sociedad vehículo’, para comprar Inassa.

“En el sector privado”, recuerdan los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García en el escrito, “este tipo de sociedades suelen cumplir la función de alejar la responsabilidades derivadas de la adopción de acuerdos respecto de las personas físicas que realmente los adoptan, sirven a modo de pantalla de protección de las personas que dominan realmente la toma de decisiones y protegen a la sociedad matriz frente a eventuales responsabilidades”.

Esta operación es considerada como el comienzo de las actividades “fraudulentas” relacionadas con el Canal.

El relato de los delegados anticorrupción agrega que el Gobierno de Ruiz facultó el 29 de noviembre de 2001 al Canal a realizar una inversión internacional, “cuando de conformidad con sus estatutos este ente público no podía realizar esa actividad”. No fue hasta 2002 cuando el Canal estuvo habilitado para participar en otras sociedades.

Es decir, los estatutos de Isabel II fueron reformados solo hasta el año siguiente de la compra de Inassa, por lo cual la adquisición no podía hacerse antes.

La sede de Inassa en Barranquilla se ubica en el sexto piso de este edificio, en la carrera 54 con calle 72, barrio Prado.

«Fin defraudatorio»

Los fiscales anticorrupción sostienen que la creación de Canal Extensia no era necesaria y califican la decisión como una “actuación que carece de justificación en el sector público y se concibe ordinariamente como una forma de huida del derecho administrativo”.

“Canal Isabel  II podría haber adquirido directamente Inassa sin necesidad de la interposición instrumental del Canal Extensia y mucho menos con la interposición fraudulenta de una sociedad radicada en un paraíso fiscal”, agregan.

Se refieren a una segunda firma, Sociedad de Aguas de América SA, constituida en un paraíso fiscal como lo es Panamá y usada para realizar los pagos para hacerse con Inassa.

Aguas de América “se disolvió inmediatamente” después de finiquitado el negocio. “Esta forma de proceder sólo tiene justificación como instrumento societario que se crea presuntamente con un fin defraudatorio”, señalan los fiscales en su escrito al juez Velasco.

“De arriba hacia abajo”

Yañez y García consideran  que no es lógico creer que Canal Extensia dominó la operación de adquisición de Inassa.

Para ambos hay indicios de que se trató de una decisión “de arriba hacia abajo” porque “se gestó en el Consejo de Gobierno” que presidía Ruiz Gallardón “y se cumplió escrupulosamente por los máximos responsables de Canal Isabell II, Canal Extensia SA y por los administradores de Inassa”.

Destacan, por ejemplo, que “nadie dentro de la Administración pública madrileña cuestionó la interposición fraudulenta de una sociedad en un paraíso fiscal” y que “no consta” que se cumplieran los requisitos administrativos para el control de la operación.

Los fiscales se preguntan “en qué documentos o informes se basó el Consejo de Gobierno para autorizar una operación de compra por un total de 73 millones de dólares”, equivalentes a $16.300 millones en 2001.

Canal de Isabel II desembolsó 83 millones de dólares en 2001 por Inassa, cuando un año antes los dueños locales habían pagado 7 millones de dólares a Aguas de Barcelona.

Canal de Isabel II desembolsó 83 millones de dólares en 2001 por Inassa, cuando un año antes los dueños locales habían pagado 7 millones de dólares a Aguas de Barcelona.

“Las investigaciones apuntan indiciariamente a que el soporte documental fue cuando menos insuficiente, así como que esta operación fue controlada por Alberto Ruiz Gallardón o por su gente”, afirman.

Las sospechas de que se generó “un sobrecoste en la adquisición, con el consiguiente desvío de capitales públicos”, radica en que Canal de Isabel II desembolsó 83 millones de dólares en 2001 por Inassa, cuando un año antes los dueños locales habían pagado 7 millones de dólares a Aguas de Barcelona para adquirir el 51% que poseía.

¿Qué es la ‘Operación Lezo’?

La ‘Operación Lezo’ es la investigación que ha develado una trama de corrupción en el seno de Canal de Isabel II con presuntas negociaciones irregulares en Latinoamérica.

Los fiscales anticorrupción investigan a los implicados por cargos de malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, fraude a la administración, prevaricación y cohecho.

En Colombia, el escándalo revivió la semana pasada, luego de que el actual presidente de Isabel II, Ángel Garrido, anunció que la compañía venderá todas las acciones que posee por fuera de España.

El Planeta reveló el viernes que Edmundo Rodríguez Sobrino, exdirectivo de Triple Acompró en 2011 un apartamento en Barranquilla por $284 millones, sin que las autoridades de ambos países hayan determinado cuál es la procedencia del dinero que gastó.


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