Con el argumento de que han sido “violados sus derechos”, Colombia hoy tiene 4.065 acciones de tutela interpuestas por reclusos del país.
A $5,5 billones de pesos ascienden las pretensiones, contempladas, según la Contraloría General de la República porque el 88% de las prisiones no cumple con las condiciones de saneamiento y bienestar básico.
La entidad encargada de responder por estos casos, el Inpec, sólo habría destinado $100.000 millones de su presupuesto para ese fin.
Para el cierre del 2018 se fallaron procesos a favor de los tutelantes, lo cual sumó $500.000 millones.
Ahora, ¿imagínese qué con el tiempo aumente el número de tutelas? La entidad podría enfrentar un déficit fiscal que empeoraría aún más el sistema carcelario del país.
De acuerdo con las estadísticas del Inpec, el hacinamiento carcelario en el país actualmente es del 53,3%, es decir, una sobrepoblación de 42.832 personas.
El caso más grave, de acuerdo con la Contraloría, es el del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad de Riohacha, en la que habitan 487 personas a pesar de que la capacidad real de esta prisión es de 100 reclusos.
No obstante, la Contraloría señala que gran parte de la responsabilidad, en cuanto al déficit de cupos, recae en las alcaldías y gobernaciones, que tienen el deber de responder por los personas sindicadas, es decir, aquellas que aún no han sido condenados por un delito, pero que son recluidas.
Ahora, una de las metas planteada en el PND es la de construir 8.660 nuevos cupos carcelarios durante el Gobierno Duque.
