La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a Fredys Socarrás Reales (foto), en su condición de alcalde de Valledupar (2012-2015), por la suscripción de un contrato de $1.400 millones con la firma de la periodista y politóloga Natalia Springer para la creación de una escuela de gestores paz en esa capital.
A la investigación disciplinaria están vinculados también Lisbeth Gaitán Mateus, exsecretaria General; Carlos Céspedes Torres, exsecretario de Gobierno y Mery Romero Mestre, exjefe de la Oficina Jurídica.
“Habrían cometido irregularidades en el contrato de prestación de servicios 552 de 2015, celebrado entre la Alcaldía y la firma Springer Von Schwarzenberger Consulting Services S.A.S.”, informó la Procuraduría en un comunicado.
El contrato tuvo por objeto desarrollar el proyecto ‘Formación de cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz en el municipio de Valledupar’.
Socarrás es sospechoso de omitir la vigilancia y el control sobre la función delegada en la secretaria Gaitán para realizar el contrato.
A Gaitán se le cuestiona que hubiese certificado que la empresa Springer Von Schwarzenberger Consulting Services era idónea para desarrollar el proyecto de formación de gestores de paz. “Sin serlo”, advierte la Procuraduría.
Además, celebró el contrato con Springer en forma directa. “Eludiendo el principio de transparencia porque, al parecer, no agotó el procedimiento previo para la selección objetiva del contratista”.
En el caso del exsecretario de Gobierno, Carlos Céspedes, también certificó que Svscs era idónea, pese a que había “elementos que no lo evidenciaban”.
También elaboró unos estudios de mercado sustentados en las cotizaciones presentadas en abril de 2015 por la misma firma, la cual “presentó otra cotización seis meses antes de ser requerida”, y recomendó la celebración directa de un contrato de prestación de servicios profesionales, no la selección de un contratista.
El segundo cuestionamiento a Céspedes, quien era supervisor del contrato, surge de que no exigió la calidad de los servicios por los que pagó la Alcaldía.
«Pese a las evidentes diferencias numéricas de los asistentes, al eventual sobrecupo en el auditorio donde se llevaron a cabo las capacitaciones, a las fechas en las que se dice fue alquilado el recinto y la falta de informe sobre las algunas obligaciones contenidas en el contrato”, agrega la Procuraduría.
La jurídica Romero Mestre es objeto de indagación porque, al parecer, no asesoró a la administración de Socarrás sobre el procedimiento debía seguir para seleccionar al contratista. «Lo cual condujo a la suscripción directa del mencionado contrato de prestación de servicios».
