A pesar de la euforia inicial que despertó la decisión del Tribunal de Arbitraje de la Ruta del Sol, los colombianos no se han librado de la posibilidad de terminar pagando $1.47 billones que el consorcio le debe a siete bancos, entre capital e intereses.
El fallo del tribunal reconoce a los bancos como terceros de buena fe y los incluye en la lista de destinatarios de la repartición de recursos reconocidos a los constructores. En esa lista de destinatarios están también extrabajadores y proveedores de la compañía, pero no las empresas vinculadas al consorcio.
«Dado que los recursos en dichas cuentas no alcanzan para atender las obligaciones financieras, para cubrir el pago de la totalidad de la suma que deba restituirse se deberá dar aplicación a lo dispuesto en el literal (ii) del parágrafo 1 del artículo 20 de la ley 1882 de 2018», señala el documento.
Pero, ¿qué dice el artículo? Ese artículo hace referencia a que cuando la plata de la liquidación de un contrato no alcance, el faltante deberá ser consignado por la entidad estatal hasta en cinco pagos anuales, que deben comenzar máximo un año medio después de la liquidación.
